Más allá de los problemas financieros para organizar la consulta popular del primero de agosto por parte del Instituto Nacional Electoral (INE) que obligará a instalar sólo 57 mil mesas receptoras de votación –frente a las 162 mil 570 urnas de la elección reciente–, lograr que de este ejercicio se desprenda un aval para emprender acciones contra políticos del pasado implicará que al menos 37 millones 400 mil ciudadanos acudan ese día a votar, para que el resultado tenga un carácter vinculante, según la Ley Federal de Consulta Popular.

Las condiciones para alcanzar esa votación (40 por ciento del listado nominal de 93.5 millones) serán más complicadas porque en la gran mayoría de los casos, las mesas receptoras estarán más distantes (pues abarcan el territorio de tres casillas en la elección regular) y porque en cada una del listado será el doble de registrados que en las urnas normales: mil 500 ciudadanos.

El pasado 6 de junio sufragaron 48.8 millones de votantes, esto es, 52.6 por ciento del listado nominal, en lo que constituyó, proporcionalmente, la mayor afluencia a las urnas para unas elecciones intermedias desde 1997. En gran parte esta asistencia fue favorecida porque en 15 entidades se celebraron elecciones para gobernador.

El aval de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que procediera la consulta solicitada por el presidente Andrés Manuel López Obrador implicó la reconfiguración de la pregunta original que se incluirá en la boleta. Y donde no sólo se omiten los nombres de ex mandatarios vivos, sino incluso, tampoco se menciona que se trata de presidentes ni expresamente de enjuiciamientos.

El cuestionamiento en torno al cual se pronunciará el votante es complejo: ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?

Al respecto, la ley que rige este ejercicio expresa: El resultado de la consulta popular es vinculante para los poderes Ejecutivo y Legislativo federales, así como para las autoridades competentes, cuando la participación total corresponda, al menos, a 40 por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores.

El INE gastará 522 millones de pesos en la consulta, en virtud de que no obtuvo ninguna ampliación presupuestal y comenzará la próxima semana la difusión de los espots en radio y televisión para promover la participación ciudadana en lo que será el primer ejercicio de consulta popular a nivel federal desde su aprobación en 2014. Dispondrá de 377 mil 606 espacios publicitarios que corresponden a los tiempos del instituto. En las previsiones del INE, la campaña comenzará con algunos promocionales pero se estima que entre el 15 de julio y el primero de agosto se intensifique.

El INE determinó dejar descansar dos semanas a los ciudadanos –al término de los cómputos de los comicios– después de las intensas campañas para la elección que implicó la difusión de 57.5 millones de espots.