a reforma electoral está en el radar. Entiendo bien que el INE es el epicentro de una ­disputa política entre la 4T y sus opositores. Es evidente la alta dosis de subjetividad y hasta revancha política. López Obrador guarda resentimientos políticos al árbitro electoral desde 2006 en la crisis electoral del haiga sido como haiga sido. También en el proceso de 2012 por no haber sido acuciosa, la autoridad electoral, en la fiscalización por el descarado y evidente financiamiento ilícito hacia la campaña de Enrique Peña Nieto. En el último proceso electoral los límites se rebasaron. El Presidente se declara garante de la limpieza electoral y ante la crisis de la oposición, el INE se convirtió en un contrapeso político que no le correspondía. Ambos actores rebasaron el dominio de su competencia. Ambos invadieron territorios prohibidos y peligrosos.

Es indudable valorar la importancia que ha obtenido el IFE/INE en la construcción de la vía democrática en el país. Por ello resulta obvio mantener una institución creíble, competente y altamente confiable para contar bien los votos de los mexicanos. Sin embargo, siempre es perfectible. El IFE/INE fue creado en los años 90 para arrebatar la organización del proceso a los autoritarios gobiernos priístas que manipulaban y acomodaban los resultados a su conveniencia. El IFE se constituye como garante de los recuentos y de la equidad en las contiendas. Hoy el contexto sociopolítico es muy diferente. Lamentablemente la miserable cultura política de los partidos no respeta las reglas, las leyes ni el espíritu de las contiendas. Las trapacerías de los partidos han mostrado deslealtad con la democracia electoral. Su visión se hizo de corto plazo y su horizonte se reduce a las siguientes elecciones. Ganar a toda costa, no importa cómo, no importa cuánto, ni interesa con quién. Importa ganar. De manera recurrente violan reglas electorales para su provecho. Así surgen escándalos como el Pemexgate, los Amigos de Fox, las tarjetas Monex. Así que a cada reforma electoral le seguía un recetario de prácticas malandras para burlar las nuevas normas. Recordemos cuando el Estado cedió los tiempos oficiales de radio y Tv para otorgar equidad. Ante ello, los partidos crearon con los concesionarios un mercado negro de comunicación política. No hay reforma política que resista la deslealtad de los actores. Ni una ciudadanía que soporte el doble discurso, la doble moral y la hipocresía de sus dirigentes.

Por ello, cada reforma emerge por gazapos en la arena electoral. Cada reforma agrega funciones al árbitro y centraliza más su actuación. Hoy es una tosca institución que ha llegado a un techo peligroso. Las elecciones presidenciales de 2006 y 2012 mostraron profundas fisuras en el andamiaje electoral. Las elecciones de 2018 se cuecen aparte dado el amplio número de votos pro-AMLO. Presento unos primeros sesgos que deben corregirse.

1. Elecciones excesivamente caras. Es un hecho que las elecciones en México son las más costosas a escala global. Ya no se justifica la máxima de José Woldenberg que decía que la transición a la democracia lo justifica. El INE gasta más de 20 mil millones de pesos en organizarlas. Habría que añadir los costos de cada Oples. Tan sólo en el Edomex la elección costó más de 3 mil millones de pesos. Habría que sumar las cuantiosas prerrogativas federales y locales a los partidos. Un dineral.

2. Lamentable duplicidad electoral. Existen dos estructuras paralelas que no sólo se enciman, sino que se entorpecen. El INE y los Oples. La reforma electoral de 2014 formó una estructura hibrida gracias a las tortuosas negociaciones en que el PRI defendió las estructuras electorales locales. Pero el INE asumió cerca de 60 por ciento de las responsabilidades de los Oples. Pero la reforma fracasó. Los Oples, en complicidad con el INE, siguen en manos de los poderes fácticos locales. ¿Qué objeto tiene mantener dos estructuras paralelas con elecciones cada vez más concurrentes? ¿Los Oples deben desaparecer y federalizarse todas las elecciones?

3. Compleja normativa. La falta de lealtad de los partidos y sus constantes prácticas que violan las leyes han propiciado una legislación electoral plena de candados y contracandados que constituyen procedimientos engorrosos y leyes electorales barrocas, farragosas y aborrecidas. Esto ha propiciado que las elecciones se encarezcan. Hay que obligar la lealtad política de los partidos con sanciones severas y simplificar las absurdas leyes electorales.

4. Desciudadanización o irrupción de una casta electoral. Los consejos ciudadanos de los Oples y del INE se nutren de las propias estructuras electorales y de los tribunales. Los consejos son integrados por funcionarios anodinos, con alto conocimiento técnico pero escaso arraigo, compromiso o representación ciudadana. Así, las estructuras se han vuelto autorreferenciales, cotos cerrados al ciudadano. El método de selección pasa por el filtro de abusivos exámenes técnicos y de selección subjetiva de los consejeros generales del INE. Ahí lastimosamente predominan las cuotas partidarias, dando paso a los consejeros de consigna, arribistas y mediocres. Se deben modificar de fondo los métodos de selección y alejarlos de la injerencia de partidos, gobernadores y de operadores políticos.

En suma, ninguna reforma por más perfecta que se diseñe podrá prosperar sin la lealtad democrática de los partidos. La corrupción electoral y las prácticas fraudulentas deben desaparecer. De no ser así, toda reforma fracasará.