La bancada del PAN en el Senado solicitó a la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, un informe que explique por qué no se cumplió con el plazo constitucional de dos años que tenía la Guardia Nacional para certificar a todos sus efectivos, el cual venció el 28 de mayo.

Por medio de un punto de acuerdo que los legisladores de ese partido enlistaron en la Gaceta de la Comisión Permanente el miércoles pasado, resaltan que a principios de mayo, en el segundo informe anual de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública que se entregó al Senado, se indica que de 104 mil 267 integrantes, sólo 10 mil 396 contaban con certificado único policial.

Indica que apenas 9.9 por ciento acreditó tener los conocimientos, el perfil, las habilidades y las aptitudes para el desempeño del cargo.

Julen Rementería, coordinador de la bancada blanquiazul en el Senado, insistió en que la titular de la SSPC debe informar detalladamente por qué las autoridades responsables de la seguridad incumplieron su obligación plasmada en la Constitución y en la Ley de la Guardia Nacional de que todos los que ingresaran a ese agrupamiento debían contar con el certificado único policial.

Eso pone en riesgo la garantía de brindar la seguridad que se merecen las y los mexicanos; la titular de la SSPC debe enviar un informe pormenorizado sobre ese incumplimiento y tendrá que explicar las acciones inmediatas que están realizando para alcanzar la meta del ciento por ciento de certificación de sus integrantes.

Rementería señaló que en el segundo informe la única explicación que ofrece la encargada de la seguridad pública a nivel federal es que el avance en la obtención del certificado único policial se ha visto impactada por la emergencia sanitaria del Covid-19, ya que las áreas evaluadoras involucradas se vieron afectadas en sus capacidades de atención durante el confinamiento.

Los panistas recordaron que la creación de la Guardia Nacional fue aprobada por la mayoría de los senadores en aras de resolver el problema de inseguridad en que el país estaba inmerso.

Acusan que, a dos años de su creación, no sólo las autoridades federales han hecho mal uso de la Guardia Nacional, sino que ahora han incumplido las disposiciones legales para darle confiabilidad. Todos sabemos que, cediendo a las presiones del gobierno norteamericano, el de México la ha usado como muro para contener la migración a Estados Unidos, relegando sus funciones de seguridad en perjuicio legal de los mexicanos.

Refieren que con su creación se violó el acuerdo de tener un cuerpo de seguridad con carácter civil, ya que hasta el momento poco más de 80 por ciento de sus integrantes son militares, incluyendo altos mandos.

De otra manera, son soldados haciendo funciones de policía. Sin duda, este no es el modelo policial que fue aprobado por este Poder Legislativo hace dos años.