Ante los resultados de la investigación sobre los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos recientemente divulgados, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reiteró su compromiso con las familias de los estudiantes para garantizar sus derechos, al tiempo que reconoció el doloso actuar de la administración anterior de este organismo, especialmente de la extinta Oficina Especial para el caso Iguala.

El gobierno federal entregó el martes pasado resultados del análisis genético solicitado a la Universidad de Innsbruck, Austria, que confirman que unos de los restos encontrados en la barranca La Carnicería, en el municipio de Cocula, Guerrero, corresponden al estudiante Jhosivani Guerrero de la Cruz, y otro a Christian Alfonso Rodríguez Telumbre.

Al respecto, en un pronunciamiento, la CNDH reconoció el doloso actuar de la administración anterior de este organismo, al dar como válida la identificación del estudiante Jhosivani –en 2015– sin haber cumplido con los estándares internacionales acordes para el caso, lo cual vulneró los derechos humanos de las víctimas.

▲ La CNDH reiteró su compromiso con las familias de los 43 estudiantes normalistas para garantizar sus derechos y coadyuvar en las investigaciones y en el acompañamiento proactivo que sea necesario. En la imagen, una marchan del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez, el 26 de mayo pasado.Foto Roberto García Ortiz

Aunado a ello, expuso, se realizaron investigaciones irregulares, en las que no sólo se mintió, sino que también iban encaminadas a dar carpetazo al caso con una verdad a modo, emitiendo una recomendación parcial y revictimizante para los afectados, situación que actualmente está siendo investigada por las autoridades competentes.

La CNDH reiteró su compromiso con las familias de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa para garantizar sus derechos, coadyuvando en las investigaciones y en el acompañamiento proactivo que sea necesario para abonar al esclarecimiento de lo sucedido el 26 y 27 de septiembre de 2014, dar con el paradero de los jóvenes y que todas las personas que participaron en los hechos, así como quienes manipularon la información, sean sometidas a los procesos legales y administrativos respectivos, con la firme idea de erradicar la impunidad.