pesar de la encendida defensa continua que el presidente de México hace de Manuel Bartlett, al director de la Comisión Federal de Electricidad le saltan una y otra vez algunos de sus asuntos oscuros del pasado.

A los recientes señalamientos de que agencias de Estados Unidos insisten en apuntar de manera crítica al ex priísta poderoso en relación con el asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena, se añade que ahora la principal plataforma de difusión de contenidos audiovisuales en línea, Netflix, estrenará a mediados del mes entrante un documental titulado Red Privada: ¿quién mató a Manuel Buendía?

Dirigida por Manuel Alcalá, producida por Inna Payán y Gerardo Gatica, y narrada por Daniel Giménez Cacho, la historia del influyente columnista, asesinado el 30 de mayo de 1984 en la Zona Rosa de la Ciudad de México, constituye un asomo al inicio de la cadena de crímenes políticos que ha sucedido en nuestro país, en este caso cuando presidía Miguel de la Madrid y el secretario de Gobernación era Manuel Bartlett.

El autor intelectual de ese asesinato fue José Antonio Zorrilla, quien era titular de la temible Dirección Federal de Seguridad (DFS), la policía política del régimen que, además, tenía lazos de protección directa a los capos predominantes de la época. El ejecutor material fue Rafael Moro Ávila, quien formaba parte de un grupo de élite de la propia DFS. Ha de señalarse que la DFS estaba adscrita a la Secretaría de Gobernación que ejercía Bartlett, quien no vio ni encontró, desde esa oficina privilegiada en cuanto a información, nada que incriminara a Moro ni a Zorrilla.

Las organizaciones de observación electoral que actuaron el pasado domingo 6 dieron a conocer ayer su informe preliminar, en el que señalan que en 30 por ciento del territorio nacional hubo injerencia de la delincuencia organizada en las campañas partidistas y que la percepción colectiva respecto a esa intervención del poder criminal en los comicios pasó de 28 a 42 por ciento.

Estos datos, entre otros más que mellan las campanas echadas al vuelo por quienes proclaman limpidez democrática, deben ser especialmente tomados en cuenta: la presencia de cárteles y grupos delictivos en el proceso electoral de este año es innegable y se reflejó en el veto de unas candidaturas y la promoción de otras, mediante el uso del dinero, de las amenazas o de la acción física directa.

Resultaría ingenuo creer que el poder criminal habría de abstenerse de participar en la construcción de los poderes políticos formales, en sus expresiones estatales y federales. Negarse a reconocer el peso del crimen organizado en estos comicios recientes equivaldría a la imagen del elefante en medio de la sala al que nadie quiere ver y por tanto se niega su existencia.

Morena, en concreto, se ha hecho de un corredor de estados del Pacífico en los que predomina un grupo delictivo histórico; habrá de verse si ello facilita el regreso a etapas convenidas en las que no se afectaba a los civiles ajenos al negocio o, por el contrario, se incrementa la violencia ajena a los abrazos.

Súbita y efímera conversión en redes sociales del feneciente Partido Encuentro Solidario (PES), cuya cuenta de Twitter pasó en horas de promover posturas conservadoras a una abierta promoción de la diversidad sexual, el aborto y otros temas tan candentes para el grupo de orientación religiosa derechista que tres años atrás perdió el registro de su partido y ahora lo volvió a sufrir.

Es de suponerse que quien manejó las cuentas de internet del mentado PES ejerció alguna venganza, tal vez por falta de pago o incumplimientos laborales, lo que llevó a cambiar el logo de la organización cuasi evangelista por el emblema multicolor de las diversidades sexuales y a tuitear mensajes que fueron regocijadamente compartidos en dichas redes. Quince horas después, el recatado PES recuperó el control de su cuenta desbocada. Moraleja: no hay que pelearse con la cocinera, y tampoco con el o la community manager. ¡Hasta el próximo lunes!

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