Buenos Aires. La Oficina Anticorrupción denunció ayer al ex presidente argentino Mauricio Macri (2015-2019) por presunto enriquecimiento ilícito, a raíz de maniobras con transferencias millonarias de dinero espurio al Fideicomiso Ciego de Administración creado cuando asumió su cargo; la causa quedó a cargo de la jueza María Servini de Cubría.

La denuncia está basada en un informe de la Inspección General de Justicia (IGJ), que investigaba las actividades de la Agropecuaria del Guayquiraró SA, (Agro G SA) empresa en la que Macri esa socio y lo omitió maliciosamente en su declaración jurada.

Las maniobras con operaciones de acciones de gro G SA “permitieron al fideicomiso hacerse con más de 54.2 millones de pesos argentinos (más de 568 mil 650 dólares) entre 2017 y 2020, suma que al finalizar el contrato de fideicomiso fue reintegrada a Mauricio Macri".

La IGJ determinó que los bienes incluidos en el denominado Fideicomiso Ciego de Administración no constituían, ni por asomo, la totalidad del patrimonio del ex presidente Macri, sino que esos bienes apenas representaban 53 por ciento del conjunto total de sus propiedades.

En su declaración jurada de 2015, Macri indicó que poseía 14.7 por ciento del capital social de Agro G, cuando en realidad su tenencia accionaria era mucho mayor, según la IGJ.

Corresponde imputar a Mauricio Macri la transferencia de al menos más de 5 millones de pesos (más de 52 mil 400 dólares), provenientes de un ilícito penal, con los que adquirió la titularidad de más de 5 millones de acciones de la empresa (...) con la doble finalidad de otorgarle apariencia de licitud al dinero espurio invertido y que éste genere futuros dividendos también aparentemente ilícitos, señala la denuncia.

El ex mandatario enfrenta una pena de prisión de 15 días a dos años e inhabilitación especial perpetua, indicó Página/12.

No es la única causa en la que está implicado el ex mandatario conservador; además, sus ex colaboradores también enfrentan procesos judiciales, entre ellos el ex director de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas, y su segunda, Silvia Majdalani.

Cada vez aparecen más víctimas de la trama de espionaje y extorsiones, así como la cantidad de causas armadas durante el macrismo sin prueba alguna, por lo cual estuvieron en la cárcel unos 30 ex funcionarios, entre ellos figuras claves del gobierno de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, actual vicepresidenta, quien sigue siendo perseguida por los medios de prensa, que junto con los jueces de la llamada Mesa Judicial fueron parte de la judicialización de la política (lawfare).

Otro escándalo judicial es la revelación de que el fiscal Marcelo Retes trabajaba desde Estados Unidos desde hace tiempo, lo que también hace sospechar que habría más casos similares. Esto surgió de la alertas de protección de datos del Ministerio Público Fiscal por una conexión remota desde el extranjero.

Ante las denuncias públicas y con evidente desgano debió intervenir el procurador general interino Eduardo Casal, nombrado por Macri, quien ante la presión pública abrió un expediente contra el fiscal Retes, quien hace más de un mes despacha desde Arkansas, en violación a las normas del Ministerio Público Fiscal, argumentando ahora que viajó por un asunto familiar y que pensó que podía hacer teletrabajo, aunque no pidió autorización para hacerlo.

Mientras, la Corte Suprema de Justicia amparó al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, quien el mes pasado, cuando el presidente Alberto Fernández firmó un decreto para suspender las clases presenciales por la segunda ola del Covid 19 que llevó al país al borde del colpaso, decidió que no había situaciones concluyentes para que no abrieran las escuelas en la capital federal.

El que jueces y trabajadores de la justicia trabajen desde sus casas, para cuidarse del Covid -19, mientras se impone la asistencia de niños a las escuelas, causó una fuerte indignación pública.