La Secretaría de la Función Pública (SFP) inhabilitó por 20 años a Francisco Javier Mendieta Jiménez, ex director de la Agencia Espacial Mexicana (AEM), y le impuso una multa de 3.8 millones de pesos por haber suscrito y pagado indebidamente dos veces la contratación de la sede de un congreso en 2016, lo que causó un daño al erario superior a 26.5 millones de pesos.

En un comunicado en que no identificó por su nombre al ex directivo, la SFP indicó ayer que también inhabilitó por 20 años a otros tres ex servidores públicos de la agencia involucrados en ese asunto.

La secretaria Irma Eréndira Sandoval Ballesteros señaló que tras un exhaustivo procedimiento de responsabilidades, en el que en todo momento se respetó el derecho de defensa de los involucrados, el órgano interno de control (OIC) en la AEM determinó imponer la sanción de inhabilitación por 20 años a un ex director general, además de multa resarcitoria por 3 millones 807 mil 782 pesos.

Además, al ex coordinador general de Financiamiento y Gestión de la Información en Materia Espacial y al ex director de Financiamiento se les impuso multa de 3 millones 807 mil 782 pesos a cada uno, mientras al ex coordinador de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico Espacial se le multó con 15 millones 113 mil 271 pesos. A estos tres ex funcionarios se les inhabilitó también por 20 años para desempeñar cargos, empleos o comisiones en el servicio público, aseveró Sandoval.

De acuerdo con una auditoría del OIC en la AEM, durante la organización del Congreso Internacional de Astronáutica 2016 en Guadalajara, Jalisco, la agencia, creada en 2011, pagó dos veces por la contratación de la sede del evento.

En un primer contrato firmado con un proveedor se contemplaba el arrendamiento del espacio para el evento, detalló Sandoval Ballesteros, pero posteriormente la AEN, de forma indebida, contrató a otra empresa por tal servicio, lo que generó un daño al erario por 11 millones 423 mil 346 pesos.

A raíz de las acciones de la Función Pública a través del OIC, el organismo inició un juicio contra la empresa con la que firmó el primer contrato para exigir la reintegración del pago entregado.

Por otra parte, en el procedimiento sancionatorio se determinó que en el contrato para la prestación del servicio audiovisual para el acto se incumplió con la normativa, lo que también ocasionó un daño al erario por 15 millones 113 mil 271 pesos.