La Secretaría de la Contraloría General del Gobierno de la Ciudad de México (SCG) informó que dos funcionarios de la alcaldía Benito Juárez, relacionados con la compra de vehículos con sobreprecio, fueron cesados de sus cargos. En tanto, un tercer servidor público, quien fue contralor interno del órgano político-administrativo y posteriormente ocupó la dirección general de administración, promovió un recurso ante el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), el cual está pendiente de resolución.

En la investigación sobre un contrato con la firma Grupo Empresarial Jerome de México, el órgano de control observó que la alcaldía pagó montos por arriba del valor de venta al público al adquirir varios artículos, entre ellos motocicletas BMW en 289 mil 500 pesos, cuyo precio al mercado es de 123 mil 100. Por esta anomalía, el Congreso capitalino solicitó información sobre el cumplimiento de resoluciones sancionatorias.

En su respuesta al Legislativo, la SCG informó que los servidores públicos sancionados con la separación de sus cargos son Luis Eduardo Ocampo Acosta, quien se desempeñaba de subdirector de Recursos Materiales, y Daniel de Jesús Valencia Álvarez, ex jefe de la unidad departamental de Adquisiciones.

La Dirección de Capital Humano de la alcaldía confirmó que la separación del cargo de ambos funcionarios se dio mediante baja por renuncia para dar cumplimiento a la resolución sancionatoria.

En cuanto a Ismael Isauro Chalico García, quien después de ser contralor interno en Benito Juárez ha ocupado diversos cargos, desde asesor de la entonces jefatura de delegacional, director de recursos materiales y servicios urbanos hasta director general de administración, la alcaldía refirió a la SCG que promovió en su defensa, contra la sanción notificada, un juicio contencioso administrativo ante el TJA que no se ha resuelto.

La información requerida por el Legislativo a partir de una propuesta de la diputada de Morena Paula Soto y su compañero de bancada Ricardo Fuentes refiere que los sobreprecios pagados por la alcaldía no se justifican aun con el equipamiento de las unidades, pues según información de la propia SCG, por una camioneta Ford 350 –con valor comercial de 608 mil 200 a 905 mil 700 pesos– se pagaron 2 millones 708 mil 900, mientras por camionetas RAM 2500 Promarter (con precio al público de 572 mil 900 pesos) se pagaron 2 millones 557 mil 455.33, así como otros ejemplos.