La reforma al artículo 22 constitucional, en materia de extinción de dominio, dejó un diseño legal que hace más complicado y difícil aplicar este instrumento, advirtieron ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al continuar el análisis de la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

El presidente del máximo tribunal, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, advirtió que con el cambio a dicho artículo, los legisladores restaron efectividad a la extinción de dominio: si se quería hacer una figura más ágil, más moderna, más eficaz, creo que se logró justo lo contrario.

El pleno de ministros invalidó porciones de los artículos 2 y 9 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio (LNED), precisamente por ser incompatibles con el 22 constitucional, dejando claro que esta medida sólo se puede ejercer sobre bienes de origen ilícito, sin incluir las propiedades legalmente adquiridas, aunque se hayan usado para cometer un delito.

En el debate, las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Margarita Ríos Farjat propusieron hacer una interpretación conforme de la LNED para adecuarla a los tratados internacionales y a las recomendaciones que ha hecho a México el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) de Naciones Unidas, para el combate al terrorismo y el crimen organizado trasnacional.

Sin embargo, la ministra ponente, Norma Lucía Piña Hernández, explicó que el Congreso no atendió la recomendación del GAFI al legislar, y no es atribución de la SCJN hacerlo. También hubo expresiones de otros ministros para hacer que dicha norma sea más práctica y dar herramientas a las fiscalías para combatir la inseguridad.

Piña reviró que esto va más allá de la facultad constitucional de la SCJN: todos estamos preocupados por la seguridad pública, pero estoy convencida de que el camino para combatir los problemas que genera no nos corresponde a nosotros como tribunal constitucional.