Si bien después de las pasadas votaciones es momento de repensar el sistema electoral y, en este caso, la manera de abatir los costos de la organización, debe considerarse el hecho de que la instrumentación de dichas adaptaciones serían durante los próximos comicios presidenciales, aseveró la consejera del Instituto Nacional Electoral, Carla Humphrey. Hay posibilidades de reducir gastos acortando las campañas e introduciendo intensivamente nuevas tecnologías.

Sin embargo, advirtió que la eventual reducción de los partidos políticos debe considerar factores que inciden en el financiamiento de las campañas, pensando en las pretensiones del crimen organizado y el narcotráfico de incidir en las contiendas. A pesar de ello, reconoció, el financiamiento a los partidos es muy elevado.

Entrevistada sobre la propuesta presidencial para renovar, en el contexto de la reforma electoral, el Consejo General del INE, Humphrey recordó que en 2023 se concluirá el ciclo de cambios de la totalidad de los consejeros electorales que llegaron al organismo cuando se registró la transición del Instituto Federal Electoral al actual INE. En ese esquema de renovación escalonada, las designaciones han provenido del Poder Legislativo, por lo que en su caso, si se pretende modificar ese esquema, pues sería la decisión del Congreso.

En torno a la posible desaparición de las diputaciones plurinominales, la consejera acotó que la propuesta ha sido cíclica en diversos momentos. Se tendrían que revisar los alcances que ha tenido esta figura y, en su caso, determinar si sigue cumpliendo su función, pero eso es una determinación que corresponde al ámbito parlamentario.

Humphrey señaló que hay oportunidades de abatir costos mediante el mayor uso de la tecnología, la introducción a mayor escala de urnas electrónicas e incluso el voto por Internet para reducir la utilización de toneladas de papel, aunque también es cierto que en las eventuales reformas habría que abordar temas que el INE debió sustituir por la vía normativa, como la regulación para la relección legislativa, las leyes de consulta popular y de revocación de mandato, entre otros aspectos.

La pandemia demostró que el uso de la tecnología es una oportunidad para reducir costos mediante la tecnología, pero implica superar reticencias en algunos ámbitos, incluso en el seno del propio INE.