Entre 2020 y 2021 el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) ha fallado en contra de al menos seis ex funcionarios del sexenio anterior, que impugnaron sanciones e inhabilitaciones impuestas por la Secretaría de la Función Pública (SFP) y/o la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por irregularidades o desvío de recursos.

Entre ellos se encuentra Édgar Torres Garrido, ex director de Pemex Fertilizantes. En octubre del año pasado, el pleno del tribunal ratificó la decisión punitiva en su contra de parte de la Función Pública, consistente en la inhabilitación para ocupar cargos públicos por 15 años y una multa de 619 millones de pesos, debido a las irregularidades en el proceso de compra de la planta de fertilizantes de Fertinal.

El ex servidor público incurrió en ejercicio indebido del cargo, lo que generó un quebranto al patrimonio de Pemex Fertilizantes, pues firmó un contrato para la adquisición de Fertinal que, adicionalmente, incluyó un crédito para solventar deudas de la empresa.

En febrero de 2020, la sala superior del TFJA cesó por 10 años para desempeñar cargos públicos a Emilio Lozoya Austin, ex director de Pemex, indicó en su momento la SFP. Los magistrados de la sala superior determinaron que la inhabilitación en contra del Lozoya Austin estaba apegada a derecho.

En otro caso renombrado, Antonio Tarek Abdalá Saad, quien fuera tesorero del ex gobernador de Veracruz Javier Duarte, debe pagar 3 millones 630 mil 606 pesos para resarcir el daño que ocasionó a la hacienda pública, luego de que en enero de este año el TFJA ratificó lasanción que le impuso en 2018 la ASF.

Además, este mes se confirmó la resolución de la auditoría que señaló la responsabilidad del ex subsecretario de finanzas de Veracruz, Carlos Aguirre Morales, en irregularidades administrativas por 701 millones 590 mil pesos halladas al revisar la cuenta pública de la administración del ex mandatario Duarte. Asimismo, en julio de 2020, el tribunal resolvió que Alejandro Vera Jiménez, ex rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, es responsable del desvío de 239.3 millones de pesos de recursos federales mediante operaciones inexistentes. El ex rector es señalado por el desvío de recursos públicos a empresas fantasmas por medio de contratos otorgados durante la gestión de Rosario Robles al frente de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano entre 2012 y 2018, mecanismo conocido como la estafa maestra.

La semana pasada, los magistrados del tribunal confirmaron la resolución del 11 de enero de 2019, donde la ASF estableció una sanción resarcitoria a Simón Pedro de León Mojarro, ex titular de la unidad de coordinación de delegaciones de Sedesol, por 22 millones 462 mil pesos, tras confirmarse irregularidades dentro de dicho esquema.

El pleno aprobó el proyecto de la magistrada Nora Elibeth Urby Genel, quien argumentó que León Mojarro no acreditó sus pretensiones de impugnar el fallo de la ASF.