En México se ha hecho cada vez más común que las personas adultas mayores sean infantilizadas y agredidas de diversas maneras por su propia familia, como si con la edad sus derechos ya no estuvieran vigentes, advirtió Ana Luisa Gamble, directora de atención geriátrica del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam).

En entrevista, a propósito del Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez –que se conmemora este 15 de junio–, la funcionaria llamó a erradicar mitos y estereotipos sobre este sector de la población e indicó que en breve se dará a conocer un protocolo para incentivar las denuncias de las víctimas ante las autoridades.

Si bien el maltrato se ha dado toda la vida, es un tema que ha salido a relucir hace pocos años, porque está en el ámbito privado. Entre que son mis hijos, mi nuera o la persona que me cuida, cuesta mucho que quienes lo sufren denuncien, lamentó la pedagoga con estudios especializados en gerontología.

En este contexto, “naturalizamos que me ‘tonteen’, me infantilicen, usen mis recursos sin mi autorización, me peguen, me nieguen lo que necesito. Hay un detrimento de la imagen de las personas adultas mayores, en el cual han ayudado mucho los medios, y se asume que sus derechos caducaron con la edad”.

Gamble enfatizó que una de las formas de que la violencia remita es, por un lado, que las personas en este rango de edad conozcan sus derechos y tengan fácil acceso a denunciar, y al mismo tiempo, se haga conscientes a sus familiares de que hay consecuencias si incurren en actos de maltrato.

Las agresiones contra personas adultas mayores, indicó la experta, son un tema complejo de investigar, pues las autoridades no pueden dejar expuesta a una víctima en un lugar donde corre peligro, pero tampoco pueden actuar si no hay una denuncia por parte del afectado o afectada, a menos que tenga un deterioro cognitivo, lo cual permite a los agentes actuar de oficio.

Por lo anterior, anunció, el Inapam está por lanzar un protocolo que facilite el trabajo coordinado de las autoridades de diversos niveles de gobierno, y les permita saber con exactitud qué hacer para prevenir o atender un episodio de violencia.