El Gobierno de la Ciudad de México otorgó facilidades para agilizar la construcción de 17 desarrollos inmobiliarios sobre Paseo de la Reforma, los cuales deberán empezar a edificarse a más tardar el 30 de julio luego de presentar un estudio de impacto urbano con las propuestas de medidas de mitigación, particularmente en materia de espacio urbano y movilidad, conforme lo resuelvan cada una de las autoridades competentes.

Desde marzo del año pasado se habían autorizado los nuevos proyectos, que incluyen torres de hasta 66 niveles de oficinas, uso comercial, habitacional y hoteles, a fin de fortalecer el desarrollo económico de la ciudad y enfrentar los efectos generados por la pandemia, pero se modificó el acuerdo para garantizar que se considere el impacto regional de las obras.

Las constructoras tendrán hasta el 31 de diciembre de este año para cumplir con los requisitos establecidos en la normatividad a fin de tener la dictaminación del estudio de impacto urbano y estarán obligadas a mitigar daños locales y regionales con miras a integrar el proyecto arquitectónico.

Según el nuevo acuerdo publicado en la Gaceta Oficial, una vez que los interesados hayan acreditado su registro para las obras deberán celebrar un contrato de fideicomiso privado con el que garanticen las medidas de mitigación de la zona, de los cuales siete se ubican en la colonia Juárez, cuatro en la Cuauhtémoc, dos en la Tabacalera, dos en Santa Fe, uno en San Gabriel y uno más en la Guerrero.

También deberán informar a la población del área de influencia del proyecto la ejecución de obras y actividades al menos por dos páginas web y en seduvi.proyectosurbanos.cdmx.gob.mx, así como en los módulos especiales.

Ambos mecanismos de información deberán considerar la recepción de opiniones de la población habitante y transeúnte del área de influencia del proyecto, las cuales deberán estar en funcionamiento a más tardar dentro de los siguientes 15 días hábiles contados a partir de que hayan iniciado las obras o actividades, establece el documento.

En caso de incumplimiento, se les dará de baja del registro y estarán obligadas a pagar las sanciones que correspondan.