El poderoso canciller y secretario de Hacienda de Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray Caso, fue inhabilitado 10 años para ejercer cargos públicos por la Secretaría de la Función Pública (SFP), que lo sancionó luego de una investigación en la que encontró falta de veracidad en sus declaraciones patrimoniales.

Ante el anuncio de Videgaray de que impugnará el castigo, la SFP dijo que da la bienvenida a ese proceso, pues ahí defenderá la legalidad y la pulcritud de nuestra sanción.

La SFP expuso ayer en un comunicado que por la próxima década Videgaray no podrá ocupar empleos, cargos o comisiones en el servicio público por acreditarse la falta de veracidad en sus declaraciones patrimoniales de tres años consecutivos, cuando se desempeñó en las más altas funciones del gobierno federal.

Videgaray omitió declarar los saldos de cuentas bancarias entre 2015 y 2017, lo que es una falta administrativa grave, dijo la SFP.

El ex canciller fue notificado desde el 11 de mayo de la sanción por la falta de claridad en cuentas bancarias en esos años, pero el anuncio correspondiente se hizo hasta ayer por la veda electoral.

La SFP indicó que ordenó en junio de 2019 el inicio de la investigación patrimonial sobre el ex secretario de Hacienda –en funciones de diciembre de 2012 a septiembre de 2016–, luego de conocer su posible participación en la compra irregular de la planta de fertilizantes Agronitrogenados, la cual ocasionó un millonario daño patrimonial al Estado.

La sanción impuesta por la SFP es la más alta que permite la ley y es independiente de otros procedimientos de investigación o sanción que pudieran estar en curso por esta u otras autoridades, indicó la dependencia.

Una revisión realizada por este diario a las versiones públicas de las declaraciones patrimoniales que Videgaray presentó entre 2013 y 2019 encontró que a lo largo de su desempeño como secretario de Estado señaló ser propietario de un único inmueble, la casa de 7.5 millones de pesos ubicada en el Club de Golf Malinalco, en el estado de México, que compró en octubre de 2012 al empresario Juan Armando Hinojosa, el mismo contratista del gobierno federal que financió la Casa Blanca de Peña Nieto.

Videgaray también manifestó a lo largo del sexenio tener dos cuentas bancarias y una de inversión, así como tres vehículos.

Además, en 2019, al presentar su declaración por el fin de su encargo, Videgaray se negó a hacer públicos sus datos patrimoniales y de interés.

En respuesta a una carta publicada por Videgaray en redes sociales, la SFP señaló que las cuentas bancarias que ocultó no eran tarjetas de crédito, sino cuentas que contaban con saldos durante el periodo en el que fue servidor público, lo cual estaba obligado a informar.