Bogotá. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) evaluará 584 presuntas violaciones de los derechos humanos durante las protestas en Colombia, la mayoría cometidas por elementos de la fuerza pública, informó ayer la Defensoría del Pueblo.

La oficina del ombudsman entregó a la CIDH un balance sobre la cruenta represión a las manifestaciones que estallaron el 28 de abril contra el gobierno de Iván Duque, en medio de una visita de la Comisión al país entre el 6 y 10 de junio.

El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, aseguró que entre el 28 de abril y el 3 de junio recibió 417 quejas que dan cuenta de 584 violaciones a los derechos humanos, según la transcripción oficial de su declaración ante la CIDH.

Del total de las quejas recibidas en el periodo de análisis, en 73 por ciento se refiere como presuntos responsables a miembros de la fuerza pública, y de ese total 98 por ciento son atribuidas a la Policía Nacional, indica el texto compartido a la prensa.

Según el jefe de la entidad, las vulneraciones más graves se traducen en 58 presuntos casos de homicidio, de los cuales 45 ocurrieron en el departamento del Valle del Cauca, cuya capital es Cali.

El Comité Nacional del Paro señaló antier que al menos 77 personas han sido asesinadas presuntamente por elementos de la fuerza pública.

El estallido social comenzó contra un alza de impuestos promovida por el gobierno y desechada más tarde ante la presión de cientos de miles de personas que protestan en las calles. Las manifestaciones se mantienen a diario con jornadas más intensas que otras y violentos enfrentamientos entre civiles y la fuerza pública.

La policía está en la mira de la comunidad internacional que denuncia excesos y abusos contra los manifestantes.

La CIDH, con sede en Washington y adscrita a la Organización de los Estados Americanos (OEA), visitará Bogotá y Cali, las ciudades más golpeadas por crisis.

La Defensoría del Pueblo señaló además 113 actos de violencia de género y 3 mil 144 bloqueos en las vías que afectan el abastecimiento y el paso de misiones médicas.

La entidad recoge también información de la Fundación para la Libertad de Prensa sobre ataques a 233 periodistas, en los cuales el agresor más recurrente es la fuerza pública, a quien se le atribuye 53.73 por ciento de los atropellos.

Los manifestantes exigen una reforma a la formación policiaca y un Estado más solidario para lidiar con los estragos económicos de la pandemia, que atraviesa su pico más letal en 15 meses de emergencia sanitaria.

El Comité Nacional del Paro, la organización más visible de los manifestantes, suspendió las conversaciones que mantenía con el gobierno desde principios de mayo y convocó a nuevas protestas para mañana.