Para la Fiscalía General de la República, el ex senador panista Jorge Luis Lavalle Maury, acusado de repartir decenas de millones de pesos que le fueron entregados por funcionarios al servicio del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, para sobornar a legisladores, debe recibir una sentencia de entre 12 y 39 años de prisión y pagar más de 97 millones de pesos por multas y reparación del daño por las acciones realizadas para que se aprobara la reforma energética durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Lo anterior se menciona en los argumentos esgrimidos por el Ministerio Público Federal ante un juez federal, con base en los que solicitó que el ex senador no obtuviera el beneficio de la libertad bajo caución, ya que posee los recursos suficientes para ocultarse de la justicia, y que entre otros elementos, además, se mencionó que la autoridad desconocía con certeza su domicilio real.

La falta de arraigo del justiciable Lavalle Maury también se actualiza en el presente caso, ya que mintió sobre cuál es su domicilio y con lo cual opera en su contra la presunción de fuga, refirieron los representantes de la FGR durante la audiencia desahogada el pasado mes de abril en el Reclusorio Norte y a la cual tuvo acceso La Jornada.

Asimismo, puntualizan las constancias judiciales, el señor Lavalle Maury cuenta con muchas facilidades para abandonar el lugar donde será juzgado o para permanecer oculto, y se mencionó que la ­imputación realizada contra el ex senador es por conductas delictivas que en suma pueden alcanzar una pena de prisión mínima de 12 años y una máxima de 39 años, y a ello habría que añadir también eventuales penas económicas de multas y reparación del daño, esta última de no menos de 97 millones 190 mil pesos.

Los representantes del Ministerio Público argumentaron que la medida de prisión preventiva necesaria –la cual se le impuso al panista–, es proporcional e idónea, ya que los ilícitos que se le imputaron tienen pena privativa de libertad, y enfrenta proceso penal por su presunta responsabilidad en los delitos de operaciones financieras con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho.