Los gobiernos de estados y municipios en los que hay elecciones este 6 de junio deben saldar 9 mil 432 millones de pesos de pesos en obligaciones a corto plazo que, por ley, no pueden transferirse a las administraciones entrantes, muestran datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Entre los 115 créditos –que deben liquidarse tres meses antes del cambio de administración– destacan 13 adquiridos por la administración de Jaime Bonilla en Baja California, según la información de la SHCP.

Las obligaciones contratadas por el gobernador bajacaliforniano alcanzan 2 mil 569 millones de pesos, 27.2 por ciento de la cartera a corto plazo vigente en los municipios y estados que renuevan gobiernos. Incluso la mitad de esta deuda se adquirió entre enero y marzo de 2021.

Con excepción de Campeche, Nayarit y Querétaro, que al primer trimestre de 2021 ya habían saldado dicho financiamiento, y Tlaxcala, que por ley local no puede adquirir ese tipo de deuda, el resto de las entidades donde hay cambio de gobernador no han terminado de saldar los adeudos, indica la información oficial.

De acuerdo con el artículo 30 de la Ley de Disciplina Financiera y el 28 del Reglamento del Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios, las obligaciones a corto plazo deben liquidarse a más tardar tres meses antes de que concluya el periodo de gobierno de la administración que contrajo la deuda.

Los municipios tienen pendiente el pago de 43 créditos, que en total alcanzan 868 millones de pesos.

Por otro lado, hay 73 obligaciones a corto plazo entre once estados que tienen encima el cambio de administración. En conjunto suman 8 mil 564 millones de pesos.

El gobierno de Baja California Sur tiene pendiente de liquidar 200 millones de pesos y Sinaloa 16 millones, también de un contrato de financiamiento.

Chihuahua debe saldar 563 millones de pesos derivado de diversos créditos; Colima, 271 millones; Guerrero, mil 195 millones; Michoacán, 588 millones; Nuevo León, mil 408 millones; San Luis Potosí, 649 millones; Sonora, 590 millones y Zacatecas, 510 millones de pesos.

Baja California destaca no sólo por tener el mayor saldo pendiente de deuda a corto plazo –representa 30 por ciento de este tipo de obligaciones entre las administraciones estatales que dejarán el cargo con la elección de domingo–; también porque fue el único estado que adquirió más créditos en pleno 2021.

Como resultado, en el primer trimestre del año el Sistema de Alertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público puso en observación a Baja California. Las obligaciones a corto plazo ocupan 8.5 por ciento de los ingresos de la entidad.

También bajo observación se encuentran Zacatecas, donde ese tipo de requerimientos absorben 7.6 por ciento de la entrada de recursos a la entidad, y Durango, donde no hay elecciones, pero también se encendieron alertas porque las obligaciones absorben 8.9 por ciento del ingreso.