La Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso capitalino autorizó ampliar al 30 de julio el plazo para que los legisladores y servidores públicos del Legislativo presenten su declaración de modificación patrimonial y de intereses, a partir de una petición de la contraloría interna que promovió el 26 de mayo, prácticamente vencido el mes que la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México señala como plazo para el cumplimiento de dicha obligación.

El órgano de control interno del Legislativo, que tiene la obligación de recibir, resguardar, verificar y dar seguimiento a la evolución de los bienes de los diputados y servidores públicos, tiene pendiente, sin embargo, la actualización de las declaraciones de modificación patrimonial correspondientes a 2020, que también se prorrogaron de mayo a octubre con el pretexto de la emergencia sanitaria de Covid-19.

Según la actualización más reciente de la sección de transparencia del Congreso, sólo tres legisladores, dos de Morena y uno del PAN, así como seis funcionarios, cumplieron con dicha obligación correspondiente a 2020.

Esto impide conocer la evolución del patrimonio de los legisladores locales en los dos años recientes, entre ellos de quienes buscan la relección y los que solicitaron licencia para competir por alcaldías.

En el escrito, el titular de la Contraloría, Jorge Real Sánchez –quien ocupa el área como encargado de despacho desde la última legislatura de la extinta Asamblea Legislativa y es vinculado al equipo político del ex asambleísta del PAN Jorge Romero Herrera–, justifica solicitar la ampliación del plazo debido a que durante mayo es bastante alta (la pandemia) y resultaría complicado mantener la sana distancia para prevenir contagios de Covid-19.

Añade que, por el número de servidores públicos obligados a presentar la llamada tres de tres –declaración patrimonial, de intereses y fiscal–, se necesita una campaña de difusión constante, capacitación y asesoramiento presencial para el llenado de los formatos correspondientes, que debido a las restricciones sanitarias por la pandemia, el órgano de control interno no está en condiciones de realizar.