La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó por notoriamente improcedente el recurso de reclamación que promovió la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA) de México, contra la decisión de un tribunal unitario, quien resolvió el año pasado cancelar la orden de aprehensión en contra de Gastón Azcárraga Andrade, ex presidente del consejo de administración de Mexicana de Aviación, acusado del delito de fraude en la quiebra de la aerolínea.

En agosto pasado, el segundo tribunal unitario en materia penal en la Ciudad de México resolvió cancelar la orden de captura contra el empresario. En ese entonces, la decisión del magistrado Manuel Bárcena Villanueva de dictar una nueva resolución se dio luego de que el tercer tribunal unitario, cuya titular es Isabel Cristina Porras, ratificó el amparo que un colegiado otorgó a Azcárraga Andrade y ordenó al segundo tribunal unitario dejar insubsistente la orden de captura.

En 2018, días antes de dejar el puesto de encargado de despacho de lo que era la Procuraduría General de la República, Elías Beltrán se desistió de la petición de la orden de aprehensión en contra de Azcárraga Andrade, girada por el magistrado Manuel Bárcena Villanueva, titular del segundo tribunal unitario en materia penal del primer circuito, en los autos del toca penal 211/2014 por los delitos previstos y sancionados en las fracciones I y II del artículo 383 de la Ley del Mercado de Valores.

Meses después, en febrero de 2019, el sexto tribunal colegiado en materia penal del primer circuito aceptó un recurso de queja interpuesto por Gastón Azcárraga Andrade y le otorgó la protección de la justicia federal para que el segundo unitario resolviera de plano si confirmaba, modificaba o revocaba la solicitud de cancelación de la orden de aprehensión.

Sin embargo, Bárcena Villanueva ratificó la orden de arresto en contra de Gastón Azcárraga, acusado de presuntamente haber lavado 198 millones de pesos de la venta de acciones de la aerolínea, declarada en quiebra en abril de 2014, luego de un proceso de cuatro años a partir de que cesó operaciones el 28 agosto de 2010, a casi 90 años de su fundación, pero Porras lo obligó dar marcha atrás.