La añeja desconfianza en las elecciones, el uso de recursos jurídicos como extensión de las campañas políticas al ámbito legal y la promoción de quejas frívolas, sin fundamento, han sido factores que han incrementado la judicialización de los comicios en México, sostuvo Hugo Concha, especialista del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Es imperioso que una eventual reforma electoral atienda estas distorsiones en el sistema electoral, indicó.

Concha expuso que la tendencia creciente de que los procesos electorales no se resuelvan del todo en las urnas, sino en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, obedece a que el marco jurídico abre cualquier cantidad de puertas para inconformarse, pues el Sistema de Medios de Impugnación contempla ocho tipos de recursos. Si a eso se añade que los partidos consideran siempre la posibilidad de darle la vuelta a decisiones o votaciones por esta ruta, hay una proliferación de juicios.

Este sistema de puertas abiertas provoca fenómenos como el uso de las quejas como parte de las campañas. Los partidos conforman sus equipos jurídicos que, ya integrados, son un incentivo enorme para impugnar prácticamente todos los acuerdos del Instituto Nacional Electoral o las decisiones de los institutos electorales o tribunales locales. Cuando algo no les gusta, los impugnan, porque con ello ganan tiempo o desacreditan decisiones para abrir espacios de negociación.

Al referirse al crecimiento exponencial del descontento de militantes con sus dirigencias, Concha destacó que uno de los factores es la debilidad de la Ley de Partidos Políticos. Es muy laxa porque aunque tienen obligaciones de contar con mecanismos democráticos de selección de candidatos y dirigencias, hay tal ambivalencia que les permite darle la vuelta, como es el caso de las encuestas que utilizan algunos partidos y que generó muchas inconformidades.