Los Ángeles. El gobernador de California, Gavin Newsom, ordenó ayer una investigación independiente sobre el caso de Kevin Cooper, afroestadunidense condenado a muerte por el asesinato de cuatro personas, dos de ellas menores, en 1983, quien insiste en defender su inocencia y afirma ser víctima de un complot policial.

Cooper, ahora de 63 años, fue noticia internacional en 2004, cuando el entonces gobernador Arnold Schwarzenegger se negó a perdonarlo. Personalidades como el reverendo Jesse Jackson, el actor Denzel Washington y la activista de derechos civiles Angela Davis habían pedido clemencia.

Un tribunal de apelaciones finalmente suspendió la ejecución el día previo a la fecha prevista. Desde entonces, los sucesivos gobernadores han solicitado que se lleven a cabo nuevos análisis de ADN a las pruebas utilizando las últimas tecnologías.

Newsom ordenó una revisión completa del juicio y sus apelaciones, así como al expediente criminal y la evidencia que contiene, antes de tomar una decisión sobre el pedido de clemencia para Cooper.

Condenado por robo, Cooper escapó de prisión poco antes de que se cometiera el asesinato de Douglas y Peggy Ryen, su hija Jessica (10 años) y Christopher Hugues (11 años), un amigo de esta última.

Las cuatro víctimas fueron encontradas con varias puñaladas en la casa de los Ryen en Chino Hills, cerca de Los Ángeles. Gravemente herido, otro hijo de la pareja, Joshua Ryen (ocho años), sobrevivió y acusó en aquel momento a hombres blancos. Múltiples testigos también informaron de la sospechosa presencia de tres hombres blancos con ropa manchada de sangre que viajaban en el auto de Ryen, robado la noche de los asesinatos.

Una joven que temía que su entonces novio estuviera involucrado en los delitos advirtió a la policía y les entregó un overol ensangrentado que él vestía y denunció que un hacha, similar a la usada durante los asesinatos, había desaparecido de su taller.

Pero los investigadores optaron por arrestar a Cooper, quien fue declarado culpable en la corte en 1985. Él y sus abogados sostienen que fue la policía quien colocó las pruebas que llevaron a su condena, ignorando deliberadamente otras pistas.

Aunque los jueces suspendieron la ejecución, prohibieron al condenado interponer un nuevo recurso contra su sentencia. Esto no impidió que cinco magistrados contrarios a esta decisión escribieran oficialmente que el estado de California corría el riesgo de estar a punto de ejecutar a un hombre inocente.

Subrayando que no tomaba partido en la causa, Newsom designó a un bufete de abogados para ayudar a la Junta de Libertad Condicional a estudiar el caso.