Bogotá. Los militares reforzaron ayer la seguridad en Cali, la tercera ciudad de Colombia, ante la violencia que cobró el viernes la vida de 13 personas en el contexto de las protestas que estallaron en todo el país hace un mes contra el gobierno del presidente Iván Duque.

Apenas unos pocos vehículos y personas se veían en las calles donde la víspera se enfrentaron manifestantes, policías y civiles armados. Restos de barricadas y escombros reflejan el caos que envolvió a esta ciudad de 2.2 millones de habitantes, sujeto a un toque de queda nocturno. En total, mil 141 militares asumieron la vigilancia de Cali.

La fiscalía nos reporta 13 homicidios en el día de ayer, indicó en conferencia de prensa el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, aunque aseguró que todavía no podemos precisar si todas las muertes que hemos tenido durante el 28 de mayo están asociadas a la protesta. Al menos ocho de las víctimas perecieron por arma de fuego, reportó la policía local.

Más temprano, el secretario de seguridad de la ciudad, Carlos Rojas, reportó 10 muertes en entrevista con la emisora Caracol Radio, e informó sobre las negociaciones abiertas con los manifestantes, con las que pretenden facilitar el fin de los angustiosos bloqueos. Desde la administración municipal exigen que la fiscalía y la policía investiguen.

Duque estuvo la noche del viernes en Cali, donde fue abucheado por la población, y ahí aprobó el decreto 575 para crear la figura de asistencia militar a la policía en los departamentos del Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Huila, Norte de Santander, Putumayo, Caquetá y Risaralda.

La resolución indica también que a los alcaldes de Cali, Buenaventura, Pasto, Ipiales, Popayán, Yumbo, Buga, Palmira, Bucaramanga, Pereira, Madrid, Facatativá y Neiva deben tomar medidas para retomar el orden y evitar que la situación que viven estos territorios empeore.

El mandatario se trasladó ayer a la ciudad de Popayán, donde la alcaldía y otros edificios aledaños fueron incendiados en las protestas del viernes. Ahí Duque llevó a cabo un consejo de seguridad y anunció el despliegue de asistencia militar en toda la urbe y en su departamento, Cauca.

Desde el 28 de abril, decenas de miles de personas han salido a las calles en rechazo a un alza de impuestos propuesta por Duque para paliar la crisis que agudizó la pandemia del Covid-19, y aunque el mandatario retiró el proyecto del Congreso, la represión en las protestas por la policía –condenada por la comunidad internacional– avivó el malestar, lo que llevó al gobierno a descartar una propuesta de reforma al sector salud.

En un mes de protestas masivas han muerto por lo menos 59 personas, incluidos los 13 del viernes, según reportes de distintas ONG, mientras la Defensoría del Pueblo ha reportado 46 occisos. Los heridos superan 2 mil 300 entre civiles y uniformados desde que iniciaron las protestas, según el Ministerio de Defensa.

Una funcionaria de la fiscalía dijo a la agencia de noticias internacionales Reuters que un reporte consolidado sobre las movilizaciones se entregaría hoy, cuando se prevé que el gobierno central retome las conversaciones con el Comité del Paro Nacional.

Pequeñas manifestaciones pacíficas continuaron ayer en distintas ciudades del país debido a que no se ha logrado destrabar unos preacuerdos con el gobierno para abrir negociaciones y solucionar la crisis nacional.

Carlos Ruiz Massieu, jefe de la Misión de Verificación de la Organización de Naciones Unidas en Colombia, llamó en un comunicado a evitar el escalamiento de la violencia e instó a impulsar el diálogo.

El ex presidente Álvaro Uribe aseguró en entrevista con el diario español El Mundo que a Duque, considerado su heredero político, le ha faltado autoridad para enfrentar el vandalismo que quiere destruir la economía colombiana y expresó su temor de que los activistas quieran convertir a Colombia en otra Cuba u otra Venezuela.

En tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestó su preocupación por la escalada de la violencia en las protestas contra el gobierno e hizo un llamado a negociar y a castigar las agresiones.