Damnificados Unidos de la Ciudad de México reprocharon que se otorguen proyectos de reconstrucción a empresas que incumplen con los trabajos de rehabilitación y reconstrucción de viviendas en Tláhuac, donde el rezago y las afectaciones han hecho que el Gobierno de la Ciudad de México sea omiso para atender a los afectados.

Expusieron que no sancionar o penalizar el incumplimiento por el retraso en la entrega de obras es consentirlo, y es más duro en el oriente de la ciudad, donde los inmuebles dañados quedaron sobre un suelo agrietado y se siguen habitando, porque la Ley Para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México no prevé el pago de renta para los casos de rehabilitación de vivienda unifamiliar.

En diciembre de 2019, detallaron, la Comisión para la Reconstrucción asignó a la empresa Segivan SA de CV 53 obras; para marzo de 2020 ya tenía 84: 25 de reconstrucción y 59 de rehabilitación.

Sin embargo, en enero apenas había entregado dos reconstrucciones y 26 rehabilitaciones. Indicaron que tiene cinco predios detenidos, trabajos con hasta 11 meses en proceso de reconstrucción sin concluir y le faltan por iniciar 18 obras más.

Ante esa situación Damnificados Unidos consideraron inaceptable que el gobierno premie con la asignación de más obras a estas empresas sin exigir el trabajo, el cumplimiento en tiempo y forma de las obras. Una vez más vemos cómo la Comisión para la Reconstrucción se somete a la voluntad de una empresa, cuyos retrasos, altos costos y falta de capacidad financiera hemos documentado. ¿Por qué?