El problema en México de las denominadas campañas negras y la contratación de asesores extranjeros no han sido sus contenidos, sino la carencia de reportes del gasto de los partidos que acuden a este tipo de servicios, sostuvo Pamela San Martín, ex consejera del Instituto Nacional Electoral (INE).

Contrario “a lo que se podría pensar, después de la polémica contienda de 2006, donde surgió la frase ‘López Obrador es un peligro para México’, la regulación se basó en privilegiar la libertad de expresión”.

En entrevista acerca de la contratación del asesor español en comunicación Antonio Sola, la ex consejera destacó que las principales modificaciones derivadas de 2006 fueron garantizar el acceso a radio y televisión a todos los partidos a través de los tiempos del Estado; la prohibición de contratar espots en radio y televisión, así como regular la injerencia de funcionarios públicos en campañas políticas.

San Martín señaló que, en este caso, la polémica surge a partir de la trayectoria que ha tenido Sola en México, su participación en la elección de 2006 por la polémica propaganda que diseñó, pero que se puede estimar que fue buena o campaña sucia según desde el punto de vista que se analice.

Legalmente, agregó, estas campañas no tienen objeciones, aunque políticamente no es lo deseable que las contiendas se diriman mediante este tipo de estrategias.

Los debates que se han dado en el INE –antes Instituto Federal Electoral– no han sido por los contenidos de las campañas, sino por la violación a las reglas de fiscalización porque no se reportaba este gasto.

Mayor escrutinio

En México, indicó San Martín, de la elección de 2006 surgieron reglas para propiciar el más abierto debate político, acorde con los estándares internacionales, sobre la base de que los políticos, en tanto que figuras públicas, deben estar sometidos a mayor escrutinio público, los políticos deben tener un mayor nivel de tolerancia.

La democracia, añadió, debe admitir la mayor apertura a la crítica sólo con la restricción de no incurrir en denigración de instituciones ni en la calumnia imputándoles delitos no cometidos.

La contratación de Sola y de Vladimir de la Torre tiene como antecedente la campaña electoral en 2012, la alianza Compromiso por México –que postuló a Enrique Peña Nieto a la Presidencia– contrató al asesor venezolano Juan José Rendón, quien habría cobrado, según las indagatorias del caso Odebrecht, un millón de dólares por su orientación.