De las 362 suspensiones otorgadas en dos meses por juzgados de distrito en materia administrativa, especializados en competencia económica, contra la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), 65 por ciento son definitivas, es decir, 219 del total de juicios admitidos.

De marzo a la fecha, los jueces Rodrigo de la Peza y Juan Pablo Gómez Fierro han concedido los recursos a empresas trasnacionales que detienen, hasta que se resuelva de fondo el juicio de amparo, la entrada en vigor de todas las consecuencias derivadas del decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación. De los juicios de amparo aceptados, 143 aún se mantienen como provisionales en espera de la concesión del amparo.

Gómez Fierro, juez segundo de distrito en materia administrativa, especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, otorgó el 11 de marzo las dos primeras suspensiones provisionales con efectos generales a las empresas Parque Solar Orejana y Eoliatec del Pacífico. Una semana después resolvió conceder las medidas cautelares definitivas.

Sin embargo, con las resoluciones e impugnaciones realizadas por la representación del Poder Ejecutivo Federal, los casos se turnaron para conocimiento y análisis de un tribunal colegiado especializado, que decidirá si confirma, modifica o revoca las sentencias de los jueces federales.

Otros corporativos beneficiados con los recursos contra la reforma que impulsó el presidente Andrés López Obrador son Eólicas Tres Marías, Cogeneración de Energía Limpia y Proyectos Hidroeléctricos, Termoeléctrica del Golfo, Desarrollos Eólicos Mexicanos de Oaxaca 2, Eólica de Guanajuato, Eólica del Golfo 1, FV Mexsolar, FV Mexsolar II, Kenergreen, X-Elio, FV Xoxocotla, FV Mexsolar XI, X-Elio FV Conejos Medanos, Recursos Solares PV de México IV, Eólica Tres Mesas 4, BNB Villa Ahumada Solar, Engie Abril PV, Tractebel Energía de Pánuco, Tractebel Energía de Monterrey, Sky Eps Supply SM y Tala Electric, por mencionar algunos.

En su momento, Rodrigo de la Peza argumentó en su resolución que la reforma a la LIE hace más estrecha la vinculación de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) a las instrucciones de la Secretaría de Energía, se modifica el mercado de certificados de energía limpia, se altera el libre mercado en el sector y se cambian las reglas de los permisos de autoabastecedoras y cogeneradoras, así como contratos de productores independientes.