o tardó en llegar. Finley Resources Inc. MWS Management y Prize Permanent Holdings interpusieron el pasado 12 de mayo una demanda contra México por 100 millones de dólares ante el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial ( La Jornada, 16/5/21). Es la primera demanda contra México en respuesta a la contrarreforma energética de la 4T.

Los demandantes están invocando protecciones a inversionistas tanto bajo el TLCAN como el nuevo T-MEC, ya que, aunque el segundo sustituyó al primero en 2020, el anexo 14-C del T-MEC permite que se interpongan demandas inversionista-Estado bajo los términos del TLCAN con respecto a inversiones realizadas durante este último (llamadas inversiones de legado) por un periodo de hasta tres años; es decir, hasta el 1º de julio de 2023. ¡Qué bondad la de los negociadores del T-MEC con las voraces empresas extractivas!

Bajo advertencia no hay engaño. El American Petroleum Institute (API) había expresado una semana antes su preocupación por las políticas energéticas de la 4T y las contrarreformas a las leyes de hidrocarburos que, adujeron, favorecen a las compañías mexicanas de energía (Pemex y CFE) a expensas de otras (extranjeras). Según el API, el común denominador de ambas leyes es el entorpecer nuevas inversiones privadas en el sector energético, así como destruir el valor de activos privados ya operantes, en violación a los compromisos de México bajo el nuevo T-MEC.

Como explica John Saxe-Fernández ( La Jornada, 20/5/21), el éxito de Pemex puede, para instituciones como el mismo Banco Mundial, llegar a ser un mal ejemplo, pues una empresa tan exitosa podría ser un modelo para otros países que se inclinen por nacionalizar su ­petróleo.

Así, ante la amenaza que representa la soberanía energética y de los recursos naturales para los enormes intereses que han despojado a nuestro país y región desde la colonización, el Ciadi del mismo Banco Mundial opera como una de las herramientas neocoloniales más poderosas y punitivas. En entregas anteriores he destacado cómo México se enfrenta a demandas por miles de millones de dólares (La 4T y los derechos de los inversionistas, La Jornada, 1/4/21); tan sólo tres empresas mineras (Vulcan y Oddysey, de EU, y First Majestic, de Canadá) tienen demandado a México por 4 mil 540 millones de dólares.

Las compañías extractivas (petróleo, gas y minería) son las que más se benefician del sistema supranacional de arbitraje representando 24 por ciento del total de demandas registradas en el Ciadi (ICSID case load 2020-2), siendo las de energía las segundas con 17 por ciento. El sistema de arreglos de ­disputas inversionista-Estado (conocido como ISDS, por sus siglas en inglés) se caracteriza por tribunales privados que operan a puertas cerradas y, de acuerdo con George Kahale III, abogado de arbitraje y presidente de Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP (despacho de abogados en Washington que representa sólo a estados), parece ser el salvaje viejo oeste del derecho y la práctica jurídica internacional. Según Kahale III, lo que estamos observando cada vez más con los casos ISDS no sólo son malas decisiones en materia básica de jurisdicción y responsabilidad, sino también demandas astronómicas. Hemos entrado verdaderamente en una era de megacasos, donde demandas de miles de millones de dólares se han vuelto muy frecuentes (trad. del autor).

De estas demandas astronómicas en el Ciadi, hay 14 cuyos laudos arbitrales o arreglos entre partes han sido ya a favor de empresas demandantes por más de mil millones de dólares (Unctad). Y de éstas, 11 corresponden a empresas extractivas (incluyendo tres demandas contra Venezuela por 9 mil 960 millones de dólares; dos contra Argentina por 6 mil 350 millones de dólares y una contra Ecuador por mil 750 millones de dólares).

Para ilustrar el carácter eminentemente neocolonial de este sistema de arbitraje supranacional, la demanda de Finley Resources y otros contra México se suma a las 76 demandas de empresas extractivas contra países de América Latina y el Caribe, cuando sólo ocho empresas demandantes tienen sede en nuestra región. En cambio, 74 empresas demandantes en este sector (a escala mundial) tienen sede en EU o Canadá, países que reciben sólo siete demandas, y 65 tienen sede en Europa Occidental, cuyos países han recibido sólo dos demandas de este sector.

Para salir del neoliberalismo neocolonial, y defender la soberanía nacional no hay otra opción para México que terminar y renegociar los tratados bilaterales de inversión y de libre comercio, incluyendo el T-MEC. Muchos países, desde Ecuador hasta Indonesia lo están haciendo. Recientemente, Pedro Castillo, candidato presidencial en las elecciones en Perú, ha prometido que retiraría a su país del Ciadi y de otros mecanismos de demandas inversionista-Estado y crearía un centro de arbitraje regional en América del Sur. Si Castilo gana, y cumple, ojalá México y países de Centroamérica y el Caribe se sumaran a este anhelo para abonar a la unidad latinoamericana y restarle un arma al destructivo extractivismo neocolonial.

*Investigador del Institute for Policy Studies www.ips-dc.org

Twitter: @ManuelPerezIPS