El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval, percibió el año pasado 2 millones 7 mil 804 pesos como remuneración anual por su cargo público, lo que significa que gana 440 mil 200 pesos más que el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Si bien el plazo para que los funcionarios presenten ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) su declaración patrimonial y de intereses 2021 aún no vence, tres integrantes del gabinete ya la entregaron, entre ellos Sandoval, quien reporta que en 2020 Banjercito le otorgó un crédito hipotecario por 9 millones de pesos.

Señala que obtuvo dicho crédito el 17 de febrero y que tiene otro adeudo con Banjercito por 488 mil pesos en una tarjeta de crédito, mismo que adquirió en enero de 2019.

El titular de Sedena, quien no consignó datos de bienes inmuebles –los servidores públicos no están obligados a hacer públicas las declaraciones de las propiedades que estén a nombre de sus parejas, dependientes económicos o en copropiedad–, consignó dos adeudos más, de 100 mil pesos cada uno, en dos tarjetas de crédito de American Express y otro por 28 mil pesos en una de Banamex.

En el rubro de remuneración neta por su cargo público –que incluye sueldos, honorarios, compensaciones, bonos, aguinaldos y otras prestaciones– señaló percepciones por 2 millones 7 mil 804 pesos. Además de otros ingresos por 250 mil pesos, producto de la venta de un vehículo.

El secretario de Salud, Jorge Alcocer, reportó ingresos anuales por 2 millones 9 mil 113 pesos, porque a sus percepciones como funcionario –que ascendieron a un millón 584 mil 737 pesos al año– se suma una beca de 420 mil pesos del Conacyt, así como 4 mil 376 pesos por inversiones.

El titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Manuel Villalobos, declaró ingresos anuales por 2 millones 738 mil, integrados por un millón 591 mil 968 pesos de sueldo por su puesto público y de una pensión vitalicia del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, que el año pasado le significó recursos por un millón 146 mil 684 pesos.

La presentación de la declaración patrimonial y de interés es una obligación legal establecida en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Los servidores públicos deben cumplir con el trámite ante la SFP al inicio y final de su gestión, y una vez al año, en mayo, para actualizar su declaración.