La orden de aprehensión contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, girada por un juez federal, generó posiciones encontradas entre las dirigencias partidistas.

El presidente de Morena, Mario Delgado, afirmó que el desafuero y la orden de aprehensión contra el gobernador panista por delincuencia organizada y lavado de dinero, es un ejemplo de que hoy se hace valer la ley sin excepciones, por lo que el caso, aseguró, debe llevarse hasta sus últimas consecuencias.

En contraste, la dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN) afirmó que, de forma completamente ilegal, la Fiscalía General de la República (FGR) pretende detener al gobernador de Tamaulipas, aun cuando todavía está en funciones. Marko Cortés, presidente del PAN afirmó en un tuit: El gobierno morenista no tiene límites, están desesperados por su fracaso y por perder la mayoría en la Cámara de Diputados.

Por su parte, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, advirtió que el gobernador no localizado de Tamaulipas podría estar ya fuera del país, declararse perseguido político y buscar mantener el control del gobierno estatal, con apoyo del líder del Congreso, del secretario de gobierno o del presidente del Tribunal de Justicia.

Ante ello, llamó a actuar con prudencia ante la crisis constitucional provocada por el Congreso local, pero advirtió que el Senado debe actuar y no descartó la posibilidad de que esa cámara decrete la desaparición de poderes en la entidad.

La Asociación de Gobernadores del Partido Acción Nacional manifestó que ningún actor o poder público puede situarse por encima de la Constitución. Y agregó: “las mayorías no deben usarse bajo la tentación autoritaria de hacer de las leyes trajes a la medida. Hacemos un llamado enérgico para que se acate de inmediato el mandato de la @SCJN”.

La dirigencia del PRD sostuvo que el gobierno continúa con el uso del Ministerio Público para golpear a los opositores al gobierno federal y consideró que la orden de aprehensión contra García Cabeza de Vaca es inconstitucional.

La bancada panista en el Senado condenó lo que consideró una persecución política con fines electoreros del Gobierno federal en contra del mandatario estatal y demandó acatar lo que determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El presidente del Senado, el morenista Eduardo Ramírez Aguilar, destacó que el mandatario estatal puede ser detenido por la Fiscalía General de la República (FGR), fuera de su estado, pero en su entidad goza de inmunidad y no podría ser aprehendido por delitos del fuero federal.