La Fiscalía General de la República (FGR) estima que Odebrecht y Emilio Lozoya Austin, ex director de Pemex, utilizaron también a la empresaria Fabiola Tapia Vargas para ocultar los movimientos financieros relacionados con los más de 100 millones de pesos que se distribuyeron entre senadores de PRI y PAN para la aprobación de la reforma energética durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Durante la audiencia en la que se dictó vinculación a proceso al ex senador panista Jorge Luis Lavalle Maury, la FGR informó que espera nuevos datos financieros procedentes de Brasil, ya que por medio del banco NeuBank, la constructora brasileña transfirió los recursos con los cuales se realizó el soborno a los legisladores mexicanos, de acuerdo con las evidencias presentadas por el Ministerio Público Federal al juez federal marco Antonio Fuerte Tapia.

La Jornada tuvo acceso a las diligencias en las que se decretó el inicio de un procedimiento penal contra el ex senador panista y la intervención de Tapia Vargas, así como del ex director de Pemex y al menos siete ex legisladores, dos de los cuales actualmente se desempeñan como gobernadores de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, y Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

En el video de la audiencia se alude a que existen pruebas que acreditan un total de 10 entregas de recursos para los senadores que deberían votar en favor de la legislación en materia energética en el sexenio pasado; sin embargo, el Ministerio Público Federal obtuvo un total de 15 recibos firmados por Rafael Jesús Caraveo Opengo, por lo que las autoridades consideran que los recursos que se distribuyeron ilícitamente entre los senadores podrían incrementarse de manera sustancial respecto a los más de 97 millones de pesos que hasta abril pasado había contabilizado la fiscalía.

“En estas audiencias, la FGR aportó elementos que el juez Fuerte Tapia consideró válidos para suponer que para la transferencias de recursos tanto de la empresa Odebrecht, por medio de Emilio Lozoya –según los registros, por indicaciones del entonces presidente Enrique Peña y su secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso–, se utilizaron cuentas de la empresa Zecapan, y con la supuesta firma de un contrato de servicios otorgada por la constructora brasileña a la empresaria mexicana Tapia Vargas, se triangularon los 6 millones de dólares que luego se distribuyeron a los legisladores.

La empresaria hidalguense habría retirado el dinero de sus cuentas, transportado los recursos en efectivo a instalaciones de Pemex o a domicilios acordados con Emilio Lozoya, y posteriormente el dinero se distribuyó a los legisladores mediante la participación de Caraveo Opengo, como representante del ex senador Lavalle Maury; y por parte de Lozoya Austin, Miguel Pérez, chofer de Emilio Lozoya Thalmann, padre, ex director de Pemex, y José Velasco Herrera, jefe de ayudantes de Lozoya Austin.