ras varios días de bombardeos aéreos y terrestres sobre Gaza que han causado más de 140 muertes, entre ellas las de unos 40 niños, y alrededor de un millar de heridos, el gobierno de Israel bombardeó un campo de refugiados, mató a ocho integrantes de una familia y demolió con misiles el edificio sede local de la cadena árabe Al Jazeera, la agencia Associated Press (AP) y otros medios informativos, con el pretexto de que en el inmueble había militantes de la organización fundamentalista Hamas. Ésta, por su parte, siguió lanzando cohetes caseros sobre las localidades israelíes de Ashkelon y Beer Sheba, en el sur del país, después de varios días de ataques a Tel Aviv –e incluso el aeropuerto Ben Gurion, localizado a medio camino entre ésta y Jerusalén–, con un saldo fatal de unos 10 muertos.
Es claro que las causas coyunturales y las históricas de este nuevo ciclo de violenta confrontación entre el gobierno del Estado hebreo y la facción que gobierna en Gaza surgen de la determinación israelí de expulsar de sus casas y territorios a la población palestina. El lanzamiento de misiles de Hamas a ciudades israelíes fue un acto de represalia por la injustificada y violenta represión lanzada la semana pasada por la policía israelí contra fieles musulmanes que celebraban el Ramadán en la mezquita de Al Aqsa y por el desalojo programado de habitantes árabes del barrio jerosolimitano de Sheij Jarrah, en la porción oriental de Israel, para poblarlo con colonos judíos.
La represión policial en el templo islámico y el nuevo intento de despojo territorial en Sheij Jarrah poseen una carga histórica nefasta para la población palestina, pues se trata de los más recientes actos de opresión y robo territorial de una larga historia de más de siete décadas, en las cuales Tel Aviv se ha apoderado de 78 por ciento del antiguo protectorado británico de Palestina y ha acorralado a sus habitantes árabes en guetos amurallados de Cisjordania y en la franja de Gaza, que ha sido expresivamente descrita como una enorme cárcel en la que se hacinan millones de personas, procedentes, en su gran mayoría, de las tierras que fueron incorporadas al Estado israelí y en las que se practicó una despiadada limpieza étnica para instalar a la población judía, en su mayoría emigrada de naciones europeas y africanas.
Los sucesos de Jerusalén, a la que los palestinos llaman Al Qods, y en cuya parte oriental aspiran a establecer la capital de un país propio, también se han traducido en confrontaciones entre palestinos y hebreos en ciudades de población mixta de Israel, así como en intercambios de proyectiles en la frontera norte del Estado hebreo, que colinda con Líbano y Siria.
Ciertamente, la escalada de esta semana ha introducido los horrores de la guerra en la vida cotidiana de muchos habitantes de Israel, algo que no había ocurrido en las anteriores ofensivas de Tel Aviv contra los palestinos, pero el sufrimiento de los depauperados pobladores de Gaza es incomparablemente mayor, toda vez que se encuentran sometidos desde hace más de una década a un bloqueo por aire, mar y tierra, y en cada arremetida israelí padecen, además de una pavorosa destrucción humana y material, el corte de la energía eléctrica, el agua y las comunicaciones.
En tales circunstancias y con los antecedentes mencionados, es éticamente aberrante la pretensión –sostenida por gobiernos y medios occidentales en estos días– de dar un trato igual a bandos separados por una abrumadora desigualdad militar, política, económica, tecnológica, financiera y sanitaria, y cuando uno es claramente víctima de la historia y, el otro, la parte agresora.
Finalmente, la destrucción de las oficinas de medios de información tan relevantes para la cobertura del conflicto como la cadena Al Jazeera y la agencia AP es indicativa de la determinación de los gobernantes de Tel Aviv de privar a los palestinos hasta de cobertura periodística que brinde testimonio de su tragedia.
