A poco más de un año de que se aprobó la Ley de Amnistía (abril de 2020), el Estado le está fallando a la sociedad, sobre todo a los miembros de pueblos indígenas y personas con discapacidad, porque hasta ahora no ha sido liberada ninguna persona de estos grupos, señaló Fátima Gamboa, codirectora ejecutiva de Equis Justicia para las Mujeres.

En conferencia de prensa virtual, añadió que además se les está imponiendo acreditar con documentos discriminatorios, racistas y discapacitantes su condición de elegibles, lo cual es contrario a sus derechos humanos y a los criterios de la amnistía.

Añadió: sabemos que han sido procedentes 38 casos de amnistía y 169 se han declarado improcedentes, pero también sabemos que los posibles beneficiarios de amnistía pueden ser más de 4 mil personas, lo cual nos indica que hace falta generar más esfuerzos para que este mecanismo pueda ser una realidad.

Criticó la actuación de la Comisión de Amnistía, la cual está trabajando de manera opaca y arbitraria; no sabemos cuándo sesiona, las fechas en que se reúne, sus sesiones son secretas a la ojos de la ciudadanía.

Además, se guarda sus criterios de cómo decide los casos procedentes e improcedentes, porque califica la información como reservada y confidencial.

Norma Don Juan, de la Coordinación Nacional de Mujeres Indígenas, señaló: nos preocupa mucho la actuación de la Comisión de Amnistía, ya que la Ley de Amnistía no establece la presentación de documentación para acreditar la calidad de indígena. Está estableciendo criterios y requisitos que no están haciendo accesible esta ley.

Víctor Lizama, de Documenta, criticó que persista el enfoque biomédico para definir si una persona es discapacitada o no. Ese criterio muchas veces nos hace suponer que la discapacidad se tiene que percibir.

Según el cuaderno mensual de información estadística penitenciaria, a escala nacional se encuentran recluidas 21 mil 793 personas con discapacidad, pero se separa a personas con padecimientos mentales o inimputables, que son 5 mil 22.