El juzgado octavo de distrito en materia administrativa, con sede en la Ciudad de México, desechó por improcedente el juicio de amparo que promovió Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, con el que buscaba anular la decisión legislativa de quitarle el fuero.

En su demanda, el panista argumentó que la Cámara de Diputados se extralimitó en sus facultades, ya que unilateralmente determinó remover la inmunidad constitucional que le fue conferida por virtud del cargo que ocupa y ponerlo a disposición de las autoridades penales correspondientes, a efecto de que se sigan los procedimientos respecto de los delitos que se le imputan.

García Cabeza de Vaca es señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) de haber incurrido en el delito de defraudación fiscal por 6.5 millones de pesos, por lo cual el Ministerio Público Federal solicitó su desafuero al Congreso de la Unión, lo cual ocurrió el pasado 30 de abril, con 362 votos en favor, 134 en contra y 14 abstenciones.

Al respecto, el juez Martín Adolfo Santos resolvió rechazar el recurso, debido a que argumentó que el promovente busca impugnar una resolución que la Cámara de Diputados emitió en uso de una facultad exclusiva y soberana que le fue conferida constitucionalmente y en la que, bajo un estudio superficial, se observaron las pautas que legalmente se han emitido para dicho efecto.

Reiteró que el artículo 111 de la Carta Magna faculta a legisladores a resolver soberana y discrecionalmente si procede o no retirar la inmunidad procesal de un servidor público con el fin de que sea juzgado por delitos que, en su caso, se le atribuyen.

Mientras tanto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emplazó al Congreso de Tamaulipas para que en las próximas 24 horas acredite su personalidad jurídica, requisito indispensable para que admita su impugnación al desafuero de García Cabeza de Vaca.

Horas antes de que la Cámara de Diputados aprobara el juicio de procedencia contra el mandatario tamaulipeco, el Congreso local promovió esta controversia, de la cual el máximo tribunal acusó recibo el viernes pasado, pero no la ha admitido aún a trámite, debido a que el presidente de la mesa directiva del recinto legislativo no acreditó fehacientemente su identidad legal.

Por ello, la SCJN emitió un acuerdo donde lo emplaza para que presenten físicamente copia certificada de la documentación que permita acreditar que tienen el carácter con el que se ostentan, apercibidos de que, en caso de no cumplir con lo ordenado, se decidirá sobre la presentación de los escritos de mérito con los elementos a su disposición.