as explicaciones dentro de la 4T sobre la responsabilidad en la tragedia del Metro del 3 de mayo pasado establecen claramente tres posibilidades. Primera, siguiendo la narrativa de la jefatura de Gobierno de la CDMX, se señala que los problemas de la línea 12 son legado de las dos administraciones anteriores y que, en consecuencia, los responsables deben ser buscados entre quienes la construyeron e inauguraron y quienes la operaron los seis años siguientes. Segunda, las responsabilidades son compartidas entre todos los que han participado en su gestión, lo que claramente involucra a Ebrard, Mancera y Sheinbaum, aunque en distinta medida. Tercera, difundida desde la Presidencia, se trata de un accidente aislado y que cualquier señalamiento de responsabilidad forma parte de la lucha política contra la 4T.
Veamos detenidamente cada una. En relación con la primera posibilidad, es indudable que la línea 12 ha tenido problemas desde su concepción. Diversas decisiones tomadas por la alta administración de Ebrard fueron cuestionables en su momento y lo siguen siendo ahora: el diseño de la línea: subterránea, superficial y elevada; el trazo de su recorrido; el tipo de rodadura de los trenes; la incompatibilidad vías-trenes; el arrendamiento de los trenes y no su compra; el costo de la línea en relación con lo presupuestado, entre otros. A esto hay que agregar que quienes administraron el arranque de la línea y la operaron los primeros meses, conociendo las dificultades técnicas con las que se construyó y los requerimientos especiales de mantenimiento que demandaba, no fueron capaces de sostener su funcionamiento.
En relación con la segunda explicación: pese a que todo lo anterior es indudable, la actual administración del Metro recibió esta línea en diciembre de 2018 con problemas mayores, junto con las otras 11 líneas. En 29 meses de gestión ha habido una cadena de fallas relevantes que alcanzan a las partes más importantes del sistema. Este accidente fatal, en consecuencia, no puede entenderse como un hecho aislado. Forma parte de las dificultades que esta administración ha enfrentado, sin duda heredadas por otras administraciones y que no ha podido resolver. Pretender que esas administraciones son ajenas a la actual gestión es inadmisible. No importan las calificaciones académicas de la actual de la gestión del Metro. Importan las desastrosas condiciones en las que opera en este momento la red de transporte más importante de la CDMX y que no han podido corregirse.
La tercera posibilidad, difundida desde la Presidencia, es que se trata de un hecho fortuito que, por supuesto, debe ser investigado y concluir con el señalamiento de las responsabilidades que correspondan. Es evidente que discutir y opinar sobre esta tragedia, desde una perspectiva analítica interesada en explicar y no en condenar, no puede ni debe ser entendido como parte de la campaña opositora a la 4T. La aparición de dos de los tres principales responsables, Ebrard y Sheinbaum, en la mañanera al día siguiente del accidente muestra el interés presidencial en protegerlos. Es indudable que hubiera sido oportuno que la Presidencia asumiera la conducción de las investigaciones para garantizar que sus resultados fueran confiables.
El análisis de los hechos señala que es indudable que se trata de un problema que no puede imputarse solamente a quienes decidieron construir la línea 12, que son parte relevante del grupo que gobierna el país. Tampoco es solamente imputable a la administración de Mancera que, por supuesto, fue incapaz de resolver los problemas de la línea y que tampoco respondió adecuadamente a contingencias incontrolables, como el terremoto de 2017. En esta administración participaron morenistas de alto nivel, que forman parte del gobierno actual. En conclusión, se trata de una responsabilidad compartida por las tres últimas administraciones de la CDMX y las correspondientes del Metro. Negarlo es una ingenuidad. Hace falta, por supuesto, determinar las responsabilidades específicas.
En el proceso de deslinde de responsabilidades deben resolverse muchos asuntos que cuestionan principios fundamentales de la 4T. El propósito presidencial de combatir la corrupción está cuestionado por la permisividad mostrada en todo el tiempo que ha operado esta línea. La capacidad de gestión de la que se presume debiera constatarse en el modo de transporte más importante de la ciudad.
Habrá, por supuesto, una salida formal al accidente derivada de las investigaciones que realizarán entidades nacionales y extranjeras. Se señalarán responsabilidades y responsables a partir de análisis técnicos. De ello nos enteraremos tan pronto se concluyan esos trabajos. Pero está en juego algo más profundo: principios fundamentales de la 4T: el dictamen en esta materia no podrá ser técnico, sino político.
