La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizará esta semana si ordena al Congreso de la Unión emitir un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, obligación que ha incumplido desde septiembre de 2017.

Se trata de un amparo promovido por la Barra Mexicana Colegio de Abogados, que denunció la omisión en que habría incurrido el Poder Legislativo Federal al no emitir las leyes secundarias por las reformas a los artículos 16, 17 y 73 de la Constitución, en justicia cotidiana. La obligación del Congreso de la Unión era que se emitieran las reglas de procedimientos para resolver conflictos civiles y familiares en las que se privilegie la solución del conflicto sobre las formalidades procesales, siempre que no se afecte la igualdad de las partes, el debido proceso u otros derechos.

La relevancia del caso estriba en que casi 40 por ciento de los juicios a nivel nacional tiene que ver con esas materias; esto incluye divorcios, litigios por guardia y custodia y pensiones alimentarias.

El código pendiente también normaría los procesos civiles, que son otro 30 por ciento de los casos que llega a los juzgados, y que implica disputas por arrendamientos, contratos entre particulares y protección de la propiedad, entre otros.

El proyecto de sentencia, preparado por el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, le da la razón a la Barra Mexicana Colegio de Abogados.

Afirma: El Congreso no puede esperar que su absoluta inacción se valore como el cumplimiento de un mandato constitucional. El Poder Constituyente pretendió, al menos, que se realizara un proceso de revisión por parte del Congreso para cumplir cabalmente los nuevos contenidos de los artículos 16 y 17 constitucionales. Ese proceso de revisión ha sido completamente inexistente.