Uno de cada dos migrantes que recientemente pidieron refugio en México huye de la violencia generalizada en su país; la mayoría, 47 por ciento, procede de Honduras, y más de la mitad de los trámites se resolvió en un periodo mayor al mes y medio establecido en la ley, inclusive hay casos que se han prolongado casi dos años.

Así lo revela un informe elaborado por El Colegio de la Frontera Norte (Colef) en el que recogió los perfiles, dinámicas y perspectivas en torno a la situación de los solicitantes de asilo, refugiados y beneficiarios de protección complementaria en nuestro país. La investigación se presentará este viernes.

El reporte señala que, en seis años, México tuvo un crecimiento de 5 mil 348 por ciento en estas solicitudes, al pasar de mil 296 en 2013 a 70 mil 609 en 2019.

Esta situación, advierte El Colef, involucra a personas de Centroamérica y el Caribe, Sudamérica, África y Asia; y ha puesto a prueba la capacidad de respuesta del Estado mexicano, organizaciones civiles y organismos internacionales.

La investigación se realizó en 11 ciudades del país entre septiembre de 2019 y enero de 2020. Se aplicaron mil 768 encuestas y 153 entrevistas a profundidad para el primer estudio cuantitativo de largo alcance especializado en refugiados y solicitantes de asilo en México.

Los resultados evidencian que las principales naciones de nacimiento de los solicitantes son Honduras (47 por ciento), Venezuela (17 por ciento), El Salvador (14), Cuba (11), Guatemala (6), Nicaragua (4) y Haití (2).

La cuarta parte de estos migrantes entró a México durante o antes de 2018, 40 por ciento en el primer semestre de 2019 y 35 por ciento en la segunda mitad de ese año. Cuatro de cada diez son mujeres y 55 por ciento del total tiene entre 25 y 39 años de edad. La gran mayoría viene con sus hijos, 41 por ciento en un rango de seis a 12 años y 39 por ciento de cero a cinco.

Venezolanos y cubanos tienen mayores niveles de escolaridad (14.2 y 13 años, respectivamente) y los menores niveles se presentan en guatemaltecos y salvadoreños (7.8 años de escolaridad) y hondureños (7.3 años).

Los datos arrojan que 39.5 por ciento de quienes cuentan con la condición de refugiado tiene un empleo formal y esa participación desciende a 12.7 por ciento entre quienes son solicitantes. Sólo 23.6 por ciento de quienes tienen trabajo accede a servicios públicos de salud (IMSS, Issste, entre otros).

Apenas 3.3 por ciento de los encuestados labora como profesionista, pese a que 21.4 por ciento tiene estudios universitarios. Esto sugiere una transferencia imperfecta del capital humano de esta población al insertarse en el mercado laboral mexicano, enfatiza el informe.

El ingreso mensual de esta población es de alrededor de 6 mil 367.9 pesos, pero es variable de acuerdo a su condición: quienes ya son refugiados ganan en promedio 7 mil 62.6 pesos, mientras los solicitantes perciben 5 mil 923.3 pesos al mes.