La Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación exoneró al presidente Andrés Manuel López Obrador de la realización de propaganda gubernamental al difundir su informe del 30 de marzo y aludir al proceso electoral en su conferencia del 25 de ese mismo mes. Sin embargo, los magistrados aprobaron un exhorto al mandatario para que se ajuste a las excepciones constitucionales de propaganda gubernamental. Como titular de dicho poder tiene especial deber de cuidado en el ejercicio de sus funciones.

Durante la sesión pública de la Sala Especializada se discutieron sendos recursos del PRD y el PAN en contra del mandatario. En el primer caso, el PRD acusó a López Obrador de promoción personalizada y propaganda gubernamental en su informe del 30 de marzo, acusaciones desestimadas de forma unánime por los magistrados, aunque en la resolución aprobada se puntualizó que en el desempeño del Presidente, es imperioso garantizar los principios constitucionales de imparcialidad, equidad y neutralidad.

Procedimiento sancionador

No obstante, ordenaron al Instituto Nacional Electoral iniciar un procedimiento sancionador en contra de del Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales del gobierno federal, así como de varias estaciones de radio y televisión concesionarias porque difundieron dicho informe en las cinco entidades en las que, para la fecha del informe ya se habían iniciado las campañas electorales y, por tanto, no se podía difundir en ellas el informe mencionado.

El magistrado presidente Rubén Lara respaldó el sentido del exhorto al considerar que es importante hacer este llamado (al Presidente) para que actúe a partir de la posición que tiene, la relevancia de su cargo y las funciones que lleva a cabo. La trascendencia del deber de cuidado en el caso del mandatario tiene que ser reforzada.

Al revisar el recurso del PAN, que objetaba que el pronunciamiento presidencial de la conferencia matutina del 25 de marzo era propaganda gubernamental, fue desechado porque se consideró que la conducta del mandatario se apegó a derecho.