El Instituto Estadunidense del Petróleo (API, por sus siglas en inglés), principal grupo de cabildeo de las empresas del sector, aseguró que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no está cumpliendo con los compromisos adquiridos en materia energética en el acuerdo comercial de Norteamérica (T-MEC), por lo que pidió la intervención de la Casa Blanca.

En una carta enviada al gabinete de energía y comercial del presidente Joe Biden, el API solicita utilizar los canales diplomáticos para instar al gobierno mexicano a tratar de manera justa a los inversionistas y se queja del alcance de las recientemente aprobadas leyes de la industria eléctrica y de hidrocarburos, que buscan fortalecer a las empresas estatales de esos sectores.

Asegura que hay esfuerzos continuos de la administración del presidente López Obrador para “socavar el acuerdo comercial y discriminar a los inversores estadunidenses en violación de compromisos asumidos por México tanto en el TLCAN como ahora en el T-MEC.

Lo alentamos a que continúe interactuando diplomáticamente con el presidente López Obrador y sus homólogos a nivel de gabinete en las agencias de México para instarlos a mantener sus compromisos con el T-MEC de tratar a los inversionistas y exportadores estadunidenses de manera justa, solicita el API en la misiva enviada al secretario de Estado, Anthony Blinken; la secretaria de Energía, Jennifer Granholm; la secretaria de Comercio, Gina Raimondo, y la representante comercial, Katherine Tai.

En junio de 2020, el Instituto, que representa a los inversionistas petroleros también envió una carta a la administración del entonces presidente Donald Trump, en la que se refirió a acciones discriminatorias tomadas por el gobierno mexicano.

En esta ocasión el API denunció que recientemente el presidente López Obrador ha incrementado tales acciones, tanto en alcance como en severidad, para cambiar los fundamentos del sector energético en México.

Señaló que el mandatario mexicano ha encabezado importantes enmiendas a dos leyes para cambiar las reglas del mercado a favor de Pemex y la CFE, y en contra de empresas privadas.

El denominador común de ambas leyes es obstaculizar la nueva inversión privada en el sector energético, así como destruir el valor de las empresas privadas que ya operan.