El Estado mexicano reconoció ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorIDH) su responsabilidad por las fallas en la investigación de la muerte de la abogada Digna Ochoa y Plácido y se manifestó dispuesto a que se reabra la indagatoria para llegar a la verdad y la justicia en dicho caso.

Durante la segunda audiencia sobre el tema, realizada ayer a distancia, el consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alejandro Celorio, reconoció la condición de víctima de Digna Ochoa y admitió la responsabilidad del Estado en la violación de diversos artículos de al menos dos convenios internacionales de derechos humanos.

El funcionario admitió que en la pesquisa realizada sobre la muerte de la abogada y activista –ocurrida el 19 de octubre de 2001– hubo violaciones al debido proceso legal, pues no fue realizada con perspectiva de género ni visión de derechos humanos, además de que se difundió una imagen negativa de la víctima tras su fallecimiento.

De igual manera, reconoció el sufrimiento que ha generado en la familia de Ochoa y Plácido la impunidad en que el caso ha quedado por casi 20 años.

Sin embargo, también cuestionó los argumentos de la familia y los representantes de la abogada de que el contexto general de agresiones contra defensores de derechos humanos no ha cambiado desde el momento de la muerte de Digna hasta la fecha, y que las autoridades no actuaron para proteger a la víctima.

La delegación del Estado señaló que, además de una indemnización económica a la familia, planteará un acuerdo de reparación que comprenda la reapertura de la indagatoria con enfoque de género, perspectiva de derechos humanos y aportaciones de la familia, a través de un plan de investigación eficaz y diligente.

Karla Michel Salas y David Peña, integrantes del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, saludaron la voluntad política del Estado mexicano por el reconocimiento parcial de su responsabilidad en este episodio, pero externaron su preocupación por el hecho de que autoridades afirmen que el contexto de violaciones graves no es el mismo hoy que el existente en la época de la muerte de Ochoa.

De igual forma, lamentaron que el Estado no considere que se vulneró el derecho a la integridad personal y la vida de Digna, a pesar de las intimidaciones y ataques que sufrió la activista, y condicionaron el reconocimiento del derecho a defender derechos humanos a que no se les acuse de violar esa garantía en el caso de Ochoa.