Ante representantes del Estado mexicano, los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorIDH) criticaron el proceso judicial en el que se determinó que la activista Digna Ochoa se suicidó.

Durante la audiencia de revisión del caso en el seno de ese tribunal regional, efectuada ayer por Internet, los magistrados interrogaron a uno de los principales agentes del Ministerio Público participantes en las indagatorias de los hechos, suscitados el 19 de octubre de 2001.

En las comparecencias participaron familiares de la activista, como su hermano Jesús, integrantes de las organizaciones que los acompañan y representantes del Estado mexicano, encabezados por el consejero jurídico de la cancillería, Alejandro Celorio, y se dio en el contexto del 141 periodo ordinario de sesiones de la CorIDH, luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitara al tribunal la atracción del caso a casi 20 años de lo sucedido.

De parte de los testigos citados por la representación del Estado mexicano, compareció José Antonio Pérez Bravo, quien estuvo al frente de una parte de las indagatorias que efectuó la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

El juez Eugenio Raúl Zaffaroni espetó: ¿Cómo explica un suicidio con tres disparos? A lo que Pérez Bravo respondió: Se nos dijo que Digna Ochoa accionó el arma en el sillón como una prueba de sonido, después disparó en la pierna y en un tercer momento en el cráneo.

Agregó que, como parte de las indagatorias, se siguieron varias líneas relacionadas con el trabajo de Ochoa para descartar un crimen, como la defensa que hacía de otros activistas en Guerrero, la posible responsabilidad de militares, su entorno familiar y emocional, entre otras, al tiempo que reconoció fallas en el resguardo de la escena de los hechos y en el manejo del cuerpo.

Dijo que las amenazas contra la activista (desde 1995) y los actos de intimidación y agresión que sufrió con anterioridad al día de los hechos (como un secuestro) sólo fueron considerados en las investigaciones como mero contexto.

Se pide esclarecimiento

La presidenta de la CorIDH, Elizabeth Odio Benito, preguntó si se analizaron las manos de la defensora de los derechos humanos para encontrar rastros de pólvora. Pérez Bravo contestó que el cuerpo tenía guantes de látex y, por lo tanto, las pruebas de balística fueron negativas en el uso de un arma.

¿Usted me dice que una persona que se va a suicidar se pone guantes?, reaccionó sorprendida la magistrada. En este caso, así fue, afirmó el ex funcionario.

La familia de Digna Ochoa y sus representantes insistieron que el análisis del caso en el seno de la CorIDH representa una oportunidad para que se ordene al Estado mexicano investigar su muerte de forma independiente, imparcial y libre de estereotipos de género, con miras a reivindicar su imagen, trabajo y memoria. La audiencia continuará hoy y se estima que entre octubre y noviembre de este año se emita una sentencia.