Tras haber sufrido hace siete años la extirpación de un riñón de forma innecesaria, debido a un aparente error médico cometido en un hospital privado de la ciudad de Monterrey, el empresario Juan José Bolaños inició una campaña para exigir una indemnización justa por el daño recibido, pero también para proponer la creación de una ley que proteja a los pacientes ante este tipo de actos de negligencia.

En entrevista, el hombre detalló que en febrero de 2014 comenzó a sufrir un dolor abdominal intenso que lo llevó a acudir al área de urgencias del Hospital y Clínica OCA, donde fue atendido por el cirujano Víctor Hugo Prada Barrios, quien ordenó su internamiento y la realización de un estudio de tomografía axial computarizada, tras el cual determinó que el paciente tenía divertículos y piedras en el riñón izquierdo.

Durante las consultas de seguimiento para su caso, el urólogo Isidro González Juárez le advirtió que en el órgano afectado podría tener un quiste benigno y no grave.

No obstante, en mayo de ese mismo año, Prada determinó que era necesario extirparle el riñón a Bolaños de forma urgente, luego de que se le informara que los estudios de laboratorio alertaron de la supuesta presencia de un carcinoma renal quístico.

Aunque le solicitó que considerara otras opciones de tratamiento o pidiera la opinión de otro especialista sobre el tema antes de actuar, Prada insistió en la extirpación inmediata del riñón, indicó el paciente.

Seis días después de la cirugía, el 19 de mayo de 2014, el afectado se enteró que jamás existió la necesidad médica de quitar mi riñón, porque al recoger los resultados del estudio de patología respecto del riñón completo que me quitaron apareció que no había cáncer en el órgano.

Al buscar más opiniones sobre el tema, el empresario acudió a la Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Nuevo León (Coesamed), instancia que en su opinión técnica 186/2017 determinó que no había evidencias de lesión en el riñón del paciente, por lo que hubo una falta y/o deficiente utilización de medios para establecer diagnóstico. [...] A posteriori, sabemos que no existía razón para la nefrectomía radical.

Después de sufrir este episodio, Bolaños destacó que la ley que quiere impulsar obligaría a los hospitales tanto públicos como privados a tener una póliza activa con una cantidad suficiente de dinero que cubra eventuales daños a los pacientes, generados por mala praxis médica. Es una propuesta que busca balancear todo: yo pago para entrar al hospital, pero él garantiza calidad en su tratamiento, subrayó.