Habitantes de la comunidad indígena de Ayotitlán, en el estado de Jalisco, enviaron una carta a diversas instancias nacionales internacionales para solicitar medidas urgentes de protección ante el contexto de agresiones y amenazas que sufren desde hace al menos seis años por parte de grupos del crimen organizado.

En la misiva –dirigida al subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, y a la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos– los demandantes explicaron que los hechos de violencia en el poblado se remiten al 22 de julio de 2015.

En esa fecha, detallaron, la comunidad fue atacada por grupos armados con base en el estado de Colima, en un episodio que dejó decenas de personas lesionadas, además de que 34 defensores de derechos humanos sufrieron detenciones arbitrarias y fueron acusados de delitos como robo calificado, despojo, privación ilegal de la libertad y lesiones.

Desde entonces, los habitantes de Ayotitlán han sufrido amenazas de muerte a través de llamadas telefónicas y mensajes de texto por parte de grupos del crimen organizado y de actores desconocidos, además de intimidaciones por parte de autoridades agrarias.

La escalada de violencia en la región provocó que el 20 de febrero del año pasado fuera desaparecido el activista José Padilla Elías, supuestamente a manos de la policía municipal de Tecolotlán, grupos delincuenciales e integrantes del comisariado ejidal.

Los más recientes hechos de violencia en Ayotitlán fueron el asesinato de José Santos Isaac Chávez, quien buscaba encabezar el comisariado ejidal de la comunidad, en hechos ocurridos dos semanas después del homicidio de Alfredo Sevilla, edil con licencia del municipio vecino Casimiro Castillo.

Como se ha informado en este diario, Ayotitlán es una comunidad abundante en recursos madereros, pero también en yacimientos de hierro.