El incremento en la esperanza de vida de los mexicanos en décadas recientes ha rebasado el marco legal que rige a los sistemas estatales de pensiones. Anclados en jubilaciones de 48 años para las mujeres y 50 años para los hombres en algunos casos, han terminado por colapsar sus finanzas y colocarlos en una franca descapitalización. A pesar de reformas recientes en la materia, esta fórmula ha generado un déficit conjunto de 2.2 billones de pesos, equivalente a 10 por ciento del producto interno bruto (PIB).

Algunas entidades mantienen pagos mensuales por pensiones a ex servidores públicos que superan 500 mil pesos, pese al ahorcamiento de las finanzas de los organismos de seguridad social locales que constituye un alto riesgo para la cobertura de 1.5 millones de servidores públicos y maestros afiliados a los 34 esquemas existentes.

De éstos, 21 ya no tienen fondos para operar, tres más quedarán en la misma condición este año y sólo en siete se garantiza alguna solvencia más allá de 2025.

Las entidades con mayores boquetes financieros son estado de México, con un déficit de 534 mil 443 millones de pesos; Jalisco, con 260 mil 580.3 millones, y Veracruz, con 150 mil 965.1 millones, de acuerdo con la revisión de la cuenta pública 2019 hecha por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Para pagar las pensiones y cubrir los adeudos que tienen con los institutos de seguridad social, los gobiernos toman recursos de su presupuesto anual, de las participaciones federales, o piden préstamos a corto plazo, según consta en informes de la ASF. Además, hay cuatro estados que cubren todas las pensiones de sus jubilados exclusivamente con el gasto corriente: Michoacán, Morelos, Nayarit y Oaxaca, que pagan las pensiones con transferencias y subsidios.

Con excepción de Baja California Sur, la Ciudad de México y Quintana Roo, que tienen convenios con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), e Hidalgo, Nayarit y Sonora, que disponen de superávit, el resto opera en números rojos.

En 2019, por ejemplo, el gobierno del estado de México transfirió 6 mil 915.5 millones de pesos a su instituto de seguridad social para intentar sanear su sistema de pensiones, que fueron tomados de los 7 mil 77.6 millones que el gobierno federal le transfirió a través del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, según consta en una de las auditorías de la ASF.

En este mismo estado, de acuerdo con el estudio actuarial hecho por el gobierno para cumplir con la Ley de Disciplina Financiera, la pensión promedio que se paga a los burócratas es de 14 mil 261 pesos al mes, pero hay jubilados reciben hasta 554 mil pesos mensuales.

El número de jubilados, además, está creciendo mucho más rápido que la cifra de trabajadores activos en muchos estados. En Durango, se espera que los jubilados aumenten cada lustro 11.4 por ciento, y los activos, 0.8 por ciento; en Chiapas, los jubilados crecen a un ritmo de 15.9 por ciento, y los activos, 2 por ciento; en Jalisco, 8.09 por ciento los primeros y 0.7 por ciento los segundos.

De acuerdo con los estudios actuariales, la descapitalización obedece a un incremento en la esperanza de vida de las personas, insuficiencia de aportaciones a los fondos de pensiones, decremento en la tasa de incorporación de nuevos trabajadores y el beneficio de retirarse con el último salario recibido que hay en algunos estados.

Esto último genera una distorsión y puede disparar las obligaciones en el pago de pensiones sin que las aportaciones realizadas hayan sido equivalentes al último salario recibido. Por ejemplo, una persona que haya sido contratada en una sola plaza y que consigue una doble plaza y su traslado a zona cara poco tiempo antes de la jubilación, la pensión que obtendrá se calculará sobre un salario muy superior al promedio recibido durante su vida laboral.

La asfixia financiera de los sistemas de pensiones ha llevado a estados como Nuevo León o Sinaloa a realizar reformas como la hecha al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en 1997. Pero ni estas entidades se salvan de la descapitalización. Con todo y cambios, se estima que Nuevo León está en quiebra desde 2018 y Sinaloa lo estará en 2022, según documentos incluidos en la cuenta pública 2019.