n los últimos años, las crisis migratorias han sido repetitivas; durante el gobierno de Barack Obama, en 2014, se dio la llegada masiva e inesperada de familias y menores que cruzaban la frontera y solicitaban asilo. En mayo de ese año se estimó el flujo en unos 60 mil detenidos por la patrulla fronteriza. Sonaron las alarmas y la respuesta en México fue la creación del Programa Frontera Sur, que hizo muy poco, pero el Instituto Nacional de Migración se dedicó a la contención y al año siguiente el flujo se redujo en forma considerable.

En 2019 vuelve a repetirse el fenómeno de la migración familiar e infantil y en mayo de ese año se llegó a la cifra de 130 mil migrantes detenidos en ese mes por la patrulla fronteriza. La cifra desató las iras del entonces presidente Donald Trump y amenazó con imponer aranceles a México si no contenía el flujo. La amenaza puso en jaque al gobierno y una delegación encabezada por Marcelo Ebrad llegó a negociar un plazo de tres meses para poner en práctica su programa de contención con 20 mil integrantes de la Guardia Nacional dedicados a este trabajo. El resultado fue evidente y en ese lapso el flujo disminuyó a niveles considerados normales.

En 2021 se vuelve a disparar el flujo de migrantes, con un alto componente de familias, pero sobre todo de menores no acompañados. En enero fueron detenidos 80 mil migrantes, en febrero 100 mil y en marzo 170 mil. El flujo había estado contenido por la política represiva de Trump, por las restricciones impuestas por la pandemia y se impulsó por la crisis ambiental en Honduras y Guatemala, por el cambio de gobierno en Estados Unidos y el efecto llamada por parte de la política migratoria de Biden y por un evidente relajamiento de las medidas de contención por parte de México. Aunque hay que reconocer que más de una tercera parte de la cifra global son migrantes mexicanos.

Por primera vez, Estados Unidos plantea ir a las causas, a la raíz del asunto y en vez de amenazar por medio de un mensaje vía tuit, como hacía Trump, viene a México a negociar la vicepresidenta Kamala Harris. Ciertamente es un avance. Parte de la solución es dejar de considerar a México como el patio trasero y a las naciones centroamericanas como repúblicas bananeras, o lo que es lo mismo, con el calificativo estigmatizante de Triángulo Norte.

Por lo pronto, se anuncia que viene a México y Guatemala y pone sus distancias con El Salvador y Honduras, el primero porque le hizo el feo a la comisión preparatoria de la visita y el segundo porque por ahora resulta complicado de visitar, dada su condición de narcoestado. Como quiera, el panorama político regional es, más bien, turbio, no se diga el económico.

La emigración en Centroamérica es un fenómeno social que se genera por múltiples factores, entre ellos el fracaso del modelo económico neoliberal, aplicado mecánica y drásticamente en la región; por la violencia creciente fomentada por el narcotráfico, el tráfico de armas y las pandillas que controlan y amedrentan a la población y por la notable debilidad institucional, propiamente por la notable impunidad institucional, que es incapaz de imponer cierto orden, ejercer justicia, ofrecer servicios mínimos de seguridad, bienestar, salud y educación.

En estos tres asuntos la responsabilidad de Estados Unidos es directa, al imponer el modelo económico y las reglas del Consenso de Washington, al ser el principal consumidor de drogas del mundo y principal exportador de armas de combate y al tener injerencia directa en los gobiernos centroamericanos para proteger sus intereses.

Otro asunto adicional es la presión demográfica, especialmente en Guatemala y Honduras, que genera un bono demográfico que las naciones son incapaces de absorber y que una parte opta por la migración como válvula de escape.

Y en el caso de Centroamérica la situación se agrava por fenómenos ambientales devastadores y recurrentes, como huracanes, terremotos y sequías que dejan cientos de miles de familias en completo desamparo, sin apoyo de los gobiernos locales.

Una buena parte de la migración infantil y familiar es un asunto de reunificación de las familias. La dilación constante en disponer una solución integral a la migración indocumentada, ya radicada desde hace décadas en Estados Unidos, ha generado la reunificación informal y el financiamiento de las mafias para el traslado de familias y menores. Sin reforma migratoria integral no se soluciona el problema de la migración familiar infantil y juvenil.

También debería abrirse la puerta a la migración laboral, con programas bien estructurados y con participación de los países involucrados. Habría que replantear completamente el sistema de visas temporales H2 A y B y que no sólo favorezca a los patrones y sobrexplote a la mano de obra migrante.

Finalmente, se deberían organizar comandos especializados en cada nación para la lucha en contra del tráfico, la extorsión a migrantes, la trata sexual y laboral en México y Estados Unidos. Se requiere de formación de personal operativo y de inteligencia, acceso a tecnología y un sistema legal que acompañe y procese a los criminales y traficantes, no a los migrantes y los que los defienden.