uchos ciudadanos y no pocos periodistas nos preguntan cuáles son los delitos electorales más frecuentes y graves. El catálogo que contiene la ley de la materia es relativamente corto, pero las conductas penalizadas son más de 400. El delito verdaderamente grave es el uso de los programas sociales con fines electorales, lo que había sido frecuente en los tiempos pasados. Cualquiera que incurra en este delito tendrá hasta nueve años de prisión, los mismos que tendría un servidor público. Además, se establece una medida cautelar muy dura: el acusado se irá a la cárcel mientras dure el proceso penal: el juez, tendrá la obligación de imponerle la prisión preventiva de manera oficiosa.

Los demás delitos tienen penas relativamente leves y era la forma de que los delincuentes electorales se sintieran confortables y pudieran escapar de las garras de la justicia fácilmente. Hemos intentado aumentar las sanciones para evitar estas facilidades, pero no se ha logrado, por lo menos en este periodo. Una característica negativa que tiene el sistema penal-electoral es que la ley es utilizada para atacar a sus contrincantes. Así, inician denuncias a sabiendas de que son endebles o que están montadas en hechos falsos e intentan por este medio desprestigiar a sus competidores. Atienden al viejo proverbio en materia de calumnias lo que no daña, mancha.

Estamos muy preocupados porque muchas de las acusaciones podrían quedar en esta clasificación. Para darles un ejemplo: de las más de 400 denuncias que hemos recibido durante el proceso electoral, que comenzó en septiembre pasado, hemos tenido que desechar, por basarse en hechos falsos o incapaces de ser probados, al menos 78 por ciento. Ese número total impresionante nos ha dejado en las manos apenas 100 carpetas que parecen tener solidez para judicializarlas.

Como se verá, es un problema muy grave porque satura la capacidad de la Fiscalía Electoral para perseguir los verdaderos delitos. En las semanas que faltan para que se cumpla el plazo de esta elección se recibirán denuncias sólidas, pero imagínense lo que tenemos que batallar para eliminar las calumniosas, que no intentan hacer justicia, sino dañar el prestigio de los adversarios ¡Y todos los partidos incurren en esta práctica! Esta es una muestra de la falta de madurez de la clase política.

Colaboró Mario A. Domínguez