Hoy entra en vigor el decreto de reformas a las leyes vinculadas a la práctica conocida como outsourcing o subcontratación. Desde la mañana de ayer, el presidente López Obrador anunció que daría instrucciones para la publicación del decreto en el Diario Oficial de la Federación, lo que se cumplió en una edición vespertina.

Así pues, se inician los plazos previstos por los legisladores para su cumplimiento. A partir de esta reforma a ocho ordenamientos se prohíbe expresamente el outsourcing en los sectores público y privado, excepto servicios especializados.

Las empresas que practiquen el outsourcing de manera ilegal tienen un plazo de tres meses, a partir de este sábado, para regularizarse.

En un plazo de 90 días naturales, las personas físicas o morales que presten sus servicios de subcontratación deberán obtener el registro ante la Secretaría del Trabajo.

La reforma establece que en el caso del sector público el plazo de regularización es de un año para poner en orden a las empresas con las que tienen contratados a trabajadores en esa misma circunstancia.

El octavo transitorio del decreto establece: Se prohíbe la subcontratación de personal en beneficio de las instituciones a las que se refiere el artículo primero de la presente ley. Se permitirá únicamente la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas, siempre que el contratista esté registrado en el padrón público a que se refiere el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo.