Familiares de los 30 marinos acusados de haber participado en desa-pariciones forzadas ocurridas en 2018 en Nuevo Laredo, Tamaulipas, buscarán reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador para denunciar las injusticias que aseguran se han cometido en su contra.

En entrevista, denunciaron que ninguno de los mandos de ese entonces fue arrestado. No hay ningún capitán, hay pura tropa.

Guadalupe, familiar de uno de los aprehendidos, narró que los marinos fueron citados en la base de la Unidad de Operaciones Especiales (Unopes) de la Secretaría de Marina (Semar) en Valle de Bravo, estado de México, sin informarles de qué se trataba.

Aseguran que, aunque había una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no hubo investigación previa de la Semar sobre los hechos denunciados, y nunca se les interrogó hasta que fueron presentados ante un juez.

Agrega que para ello fueron llevados a Reynosa, donde se les mantuvo incomunicados hasta después de que fueron vinculados a proceso.

Los familiares elaboran un escrito que planean entregar personalmente al Presidente de la República, pidiéndole que se haga una investigación real en la Semar para que se identifique plenamente a los mandos que dieron las órdenes, que se tomen medidas para proteger a los elementos detenidos y asegurar su debido proceso.

En la fecha de los hechos, el capitán de fragata Alfredo Reyes Mondragón estaba a cargo de la Base de Operaciones en Nuevo Laredo, y sobre él no se ejerció ninguna orden de aprehensión.

Guadalupe cuenta que su familiar sólo cumplió con su deber: nos llamó muchas noches, cuando los mandaban a operativos, despidiéndose de nosotros.

Y agregó: no somos indiferentes ante las familias de los desaparecidos, nos duele y sabemos que merecen justicia, pero eso no es lo que se está haciendo.