La Secretaría de Hacienda y Crédito Público rechazó la petición de ampliación presupuestal solicitada por el Instituto Nacional Electoral (INE) para financiar la realización de la consulta popular sobre la evaluación del desempeño de políticos del pasado, que se efectuará el primero de agosto. Ante la negativa de recursos, la Junta General Ejecutiva (JGE) del INE determinó suspender temporalmente el proceso de organización hasta que el Consejo General defina la modalidad de consulta a efectuar, ante la carencia de recursos.

Durante la junta, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, afirmó que la sugerencia de la SHCP de acopiar recursos de la economía presupuestal del instituto no son ni de lejos los suficientes para la realización de una consulta como se tenía programado. En un principio, con un costo de mil 499 millones de pesos, el INE pretendía instalar 104 mil casillas, lo cual se redujo a 91 mil y un costo de 890 millones de pesos, pero, sin recursos, debe evaluar más opciones.

En su respuesta, la SHCP señaló que ante la pandemia el gobierno canalizó recursos para fortalecer el sector salud y atender la emergencia, por lo que era inviable destinar una partida extraordinaria al INE para financiar la consulta. En la reunión de la JGE, Córdova lamentó la decisión y la indefinición que aún prevalece en la acción de inconstitucionalidad que promovió el INE ante la Suprema Corte.

La suspensión obedece a la revisión de otras alternativas que no impliquen costos porque, recordó, el INE resintió un corte de 870 millones de pesos por la Cámara de Diputados, instancia que además, rechazó incorporar una partida extraordinaria al aprobar el presupuesto al organismo para financiar la consulta.

Cualquier escenario, expresó Córdova, implicará reducir los centros donde se podrá votar y alejar las casillas del ciudadano, contrario a las disposiciones legales que estipulan el establecimiento de casillas lo más cerca de los potenciales sufragantes.