México continúa siendo uno de los países más peligrosos para los defensores de derechos humanos, en los dos años pasados fueron asesinados 45 activistas en diversas entidades de la República.

Así lo documentó la Red Nacional de Organismos Civiles Todos los Derechos para Todas y Todos (Red-TDT) en su informe Semillas de Dignidad y Lucha: Situación de Personas Defensoras en México 2019-2020, dado a conocer ayer.

Oaxaca, con 11 activistas asesinados; Chiapas y Chihuahua, con cinco en cada una de estas entidades; Guerrero y Morelos con cuatro, fueron las cinco donde se registraron más homicidios de defensores de garantías fundamentales durante el periodo analizado.

Del total de las víctimas, se asienta en el informe, 19 eran defensores comunitarios; 15 activistas en favor de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales; seis trabajaban el tema de la diversidad sexual; tres en derechos civiles y políticos y dos eran comunicadores.

El informe, que abarca los primeros dos años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, muestra que de estos 45 homicidios, 23 se dieron en 2019 y 22 en 2020.

En su reporte anterior sobre el tema, la Red-TDT –conformada por 85 organizaciones de 23 entidades distribuidas en la República– detalló que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto fueron asesinados 161 defensores de garantías fundamentales, siendo la segunda parte de su administración la más letal con 35 crímenes perpretados en 2016, 38 en 2017 y 32 un año después.

El contexto mexicano se caracteriza por la inacción del Estado frente a la situación de alerta en que viven las personas defensoras y que empeora con los años, configurando condiciones que ponen en riesgo su vida e integridad física que, en muchas ocasiones, alcanza aspectos de su entorno más cercano, como su organización, comunidad y hasta su familia; asimismo, el Estado mexicano pone en entredicho la labor de defensa de derechos humanos, criminalizando y estigmatizando a quienes la desempeñan, alerta la Red-TDT en el reporte.

El documento enfatiza que aun cuando las agresiones contra las personas defensoras están diversificadas y pueden ser perpetradas por agentes del Estado o por particulares, empresas, crimen organizado –muchas veces en colusión con las mismas autoridades– toda forma de violencia es responsabilidad del Estado.

Apunta que durante los dos últimos años, los activistas han enfrentado múltiples obstáculos a su labor, desde el incremento de megaproyectos que ponen en riesgo la tierra y el territorio de los pueblos, sus formas de vida y el medio ambiente, hasta la criminalización del derecho a defender garantías fundamentales, hostigamiento, impunidad generalizada y violencia sistemática en su contra.