Santiago. La Cámara de Diputados de Chile aprobó abrumadoramente este jueves 15 una ley que permite a los trabajadores efectuar un tercer retiro de sus ahorros para pensiones, por una suma equivalente a 10 por ciento de los fondos individuales acumulados, un proyecto que ahora pasa al Senado donde también se espera una pronta ratificación.

En la votación en particular del articulado, la iniciativa logró 120 votos a favor (de los cuales unos 30 del oficialismo), 18 en contra y dos abstenciones, en lo que supone una severa derrota para el gobierno de Sebastián Piñera, rotundamente opuesto al retiro.

Los diputados también aprobaron un artículo que promete ser clave para evitar la amenaza gubernamental de recurrir al Tribunal Constitucional para bloquear la iniciativa, el cual tuvo 92 votos a favor, 38 en contra y 10 abstenciones. El gobierno, al igual que en las ocasiones previas despachadas en julio y diciembre de 2020, se aferra al Tribunal Constitucional (TC), donde cuenta con mayoría, en una defensa cerrada del sistema de ahorro individual creado por la dictadura de Augusto Pinochet y que sirvió para financiar la expansión de los grupos económicos.

De hecho, consumada su derrota, voceros oficialistas reiteraron que jamás el gobierno ha señalado que no cumpliría con su deber de recurrir al TC. Aunque sea impopular, no hemos engañado a nadie, afirmó el ministro secretario general de la Presidencia, Juan José Ossa.

La iniciativa, que consiste en una reforma constitucional transitoria y que requería de una mayoría calificada de 3/5 (93) de los diputados, fue aprobada masivamente ante el convencimiento de que las ayudas gubernamentales para paliar la recesión han resultado, además de escasas, de engorrosa tramitación y lenta obtención. Para muchos trabajadores por cuenta propia o pequeños emprendedores es un calvario demostrar la caída en sus ingresos e imposible para los trabajadores informales.

En un año como el que vive Chile, con nueve elecciones programadas –desde las de delegados constituyentes en mayo hasta las presidenciales en noviembre, pasando por alcaldes, concejales, gobernadores y parlamentarias–, el mundo político sabe que no es momento de arriesgar su capital político, pese al convencimiento de que gastar ahora los ahorros para jubilación no es buena idea pensando en su efecto a largo plazo sobre las pensiones.

Los fondos privados de pensiones, en sus 30 años de existencia, acumularon 220 mil millones de dólares aportados exclusivamente por los trabajadores –hasta ahora no existe el aporte del empleador ni del Estado– quienes cotizan 10 por ciento de la remuneración o renta imponible más un porcentaje que corresponde a la comisión que cobra a todo evento la administradora de fondos de pensiones (AFP).

En los dos retiros previos, cerca de 9 millones de ahorrantes forzaron a las AFP a liquidar inversiones por más de 36 mil millones de dólares que resultaron fundamentales para reactivar el consumo privado y sostener a las familias, pues cerca de 3 millones de personas perdieron sus empleos durante la pandemia.