La Cámara de Diputados aprobó, sin cambios, la iniciativa presidencial que prohíbe la subcontratación y permite esa figura sólo cuando se trate de servicios especializados, y envió el proyecto al Senado para su revisión y eventual ratificación.

Tras casi ocho horas de discusión del dictamen, así como de las reservas de todos los partidos, el pleno validó la reforma, con 284 votos a favor, 108 en contra y 17 abstenciones, entre esas últimas la de Leticia Aguilar (Morena).

Como ocurrió con la votación en lo general, en lo particular la bancada del Partido Revolucionario Institucional se dividió: cuatro de sus legisladores votaron a favor, 21 lo hicieron en contra y 13 se abstuvieron, incluido el coordinador, René Juárez Cisneros.

En el registro de la sesión únicamente quedaron asentadas las posturas de los legisladores que presentaron sus reservas, que fueron desechadas por la mayoría. Únicamente se aceptó el agregado, incluido desde el dictamen en comisiones, para prohibir la subcontratación en el gobierno federal.

Con la reforma se ratificó que la única modalidad de subcontratación laboral será la de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas, siempre y cuando no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante. Para ello deberá existir un contrato por escrito, y las empresas podrán operar en esta modalidad sólo si cuentan con un registro ante la Secretaría del Trabajo.

A partir de los cambios, los patrones deberán permitir la inspección y vigilancia de las autoridades laborales y tendrán que entregar la información que se les requiera. Si no autorizan el desahogo de la revisión, se les impondrá una multa de 250 a 5 mil veces la unidad de medida y actualización (UMA).

Asimismo, se prevé que a quien practique la subcontratación de personal, así como a las personas físicas o morales que presten servicios de subcontratación sin contar con el registro correspondiente, se les impondrá multa de 2 mil a 50 mil veces la UMA.